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Los voceros de los comerciantes y líderes cívicos del Centro de Medellín están alarmados y no es para menos. La directora de la Gran Manzana, Valentina Arredondo, denunció que en la mañana del miércoles 30 de agosto recibió amenazas como retaliación por las actividades que ella viene liderando para intentar garantizar el orden y la correcta convivencia en el corredor de Junín, tomado cada vez más por la informalidad, una informalidad que, en parte –señalan los voceros– responde a actores ilegales que ejercen control en el corazón de la ciudad.
La líder comerciante puso las denuncias en conocimiento de la Fiscalía y las asociaciones comerciales y cívicas: Corpocentro, la Gran Manzana, Corpobolívar y Asoguayaquil se pronunciaron inmediatamente denunciando que el episodio que sufrió la directiva es un síntoma de un problema que ha ido escalando ante la mirada de la Alcaldía de Medellín.
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Daniel Manzano, director de Asoguayaquil, dice que las amenazas son la evidencia de lo solos que han quedado los líderes comerciantes y cívicos frente a los problemas en espacio público en el Centro. Según las cifras de las agremiaciones, los venteros informales se triplicaron en el Centro, pasando de 12.000 a más de 35.000. Eso fue hace un año. Desde entonces, los representantes de los comerciantes señalan que el fenómeno ha crecido sin ningún control y ni estrategia por parte de la Alcaldía. recientemente comerciantes del país hicieron un sorprendente pedido tras varios hechos de inseguridad.
Manzano señala que los voceros cívicos y comerciantes se sienten frustrados ante la respuesta de la administración distrital, pues apunta que a lo largo de estos tres años y medio han sido ellos los que han tomado la iniciativa para buscar soluciones, mecanismos y estrategias para garantizar una sana convivencia en el Centro entre el comercio formal y el informal, recuperando el espacio público.
“Es que no es un capricho de nosotros. Por muchas razones necesitamos que se ejerza ese control, esa regulación. Hay sectores neurálgicos en el Centro por donde pasan 250.000 personas al día. ¿Eso que nos dice? Que necesitamos, por ejemplo, garantizar una correcta evacuación en caso de cualquier emergencia. Los ingresos a los establecimientos comerciales están siendo bloqueados, zonas que tienen una connotación cultural y patrimonial como el sector en Junín están siendo deteriorados. Y cuando vemos que la Subsecretaría de Espacio Público no tiene capacidad para hacer presencia suficiente en el territorio, ni la Alcaldía se apropia de los procesos y las estrategias, pues nos toca a nosotros tomar la iniciativa. Y la respuesta a esto no pueden ser amenazas contra la vida, como le pasó a Valentina”, reclamó Manzano.
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Lo de la falta de continuidad por parte de la Alcaldía en los procesos en torno al espacio público en el Centro no es una opinión subjetiva de los líderes agremiados. El año pasado la Subsecretaría de Espacio Público y la Gerencia del Centro se quedaron acéfalas tras las salidas de Yomar Benítez y Mónica Pabón cuando los comerciantes más reclamaban el apoyo institucional para los meses críticos, entre octubre y diciembre.
La convicción de los agremiados de que la Alcaldía decidió hacerse a un lado y asumir la posición de “arréglense como puedan” también está amparada en cifras. La Subsecretaría de Espacio Público pasó de tener 600 funcionarios a 252 en la administración Quintero. Según Jorge Mario Puerta, director de Corpocentro, en estos tres años y medio la ciudad ha llegado a tener apenas en operación 20 o 30 funcionarios regulando el espacio público. Para no ir muy lejos, el contrato de estos funcionarios termina este viernes y no se sabe qué pasará en los cuatro meses restantes del año.
Los 10 puntos más críticos del Centro exigen hasta 200 funcionarios, entre coordinadores, operativos, sociales y reguladores, para poder ejercer, más o menos, un control efectivo.
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El subsecretario de Espacio Público, Wilson Buitrago, ha defendido que lo que hizo la alcaldía no fue renunciar al control del espacio público en el Centro, sino buscar la regularización de los actores informales. De esto dan cuenta los 2.000 permisos de regularización a venteros informales entregados en la ciudad solo este año, 400 de estos en el Centro. En Bogotá los indices de inseguridad preocupan a los comerciantes.
Las agremiaciones sostienen que lejos de buscar soluciones de fondo a las problemáticas del Centro lo que ha hecho la administración es convertir estos permisos en moneda de cambio para votos. La Alcaldía insiste en que su objetivo, más que perseguir a la informalidad, es crear “corredores comerciales, organizados, regulados y convierte a la completa legalidad a quienes, por años, desarrollaron esta actividad económica de manera informal”. Asegura la administración que es la estrategia para quitarle a los ilegales las rentas por extorsiones para ocupar el espacio público.
Frente al tema de la amenaza, a la directiva señalaron desde la Secretaría de Seguridad que era la entidad competente.
La solución, insisten los representantes del comercio formal, no es colmar de permisos y llenar cada rincón del espacio público del centro con un negocio informal, sino trabajar entre la administración y los privados para crear las condiciones que permitan fortalecer el emprendimiento y el comercio legalmente constituido sin que se renuncia a una recuperación conjunta del Centro y a la erradicación de las dinámicas ilegales.
Junín, un corredor patrimonial e histórico, es ejemplo de ello. Permitir que vuelva a ser tierra de nadie, repiten los comerciantes, es devolverlo a los peores años de decadencia de los cuales ya había resurgido.
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