Sin embargo, la verdadera razón de su precipitada marcha es que el obispado de Cádiz lo destituyó luego de descubrir que “nunca había sido ordenado sacerdote”, relata el diario El País.

De acuerdo con el rotativo español, Ibarra llegó a Cádiz en 2017, procedente de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Esto es algo usual en esta zona de España, luego de que Rafael Zornoza tomó el cargo de obispo e implementó una política de traslados intensificados.

“El supuesto sacerdote presentó en la diócesis toda la documentación requerida en estos casos. Asimismo, con anterioridad, esta persona había ejercido el ministerio en varias diócesis colombianas”, explica el obispado a El País.

El colombiano primero fue al pueblo de Jimena de la Frontera y, desde septiembre de este año, era párroco en las iglesias de Santa María La Mayor La Coronada y Santiago Apóstol de Medina, indica el mismo medio.

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La arquidiócesis colombiana alertó que “tras una denuncia de falsedad en sus documentos de ordenación” llegó a la conclusión de que dicho nombramiento nunca se había producido y el mismo día que se dio esa comunicación se apartó de sus responsabilidades, detalla El País.

Ibarra ejercía como cura desde el 4 de enero de 1998, después de que, supuestamente, fue ordenado por el entonces arzobispo de Tunja, Augusto Trujillo Arango, en su capilla privada. Luego, en 2011 pasó a estar en la arquidiócesis de Santa Fe, en Antioquia, publica el diario español.

El supuesto sacerdote ahora tendrá que comparecer ante Orlando Antonio Corrales, arzobispo de Santa Fe, y aunque no se conoce su paradero, le aseguró a El País que irá a la cita en compañía de un abogado.

“Lo primero que haré será tener una entrevista con el arzobispo para que me escuche y aportar los documentos que me respaldan, junto con un testigo que estuvo presente en mi ordenación sacerdotal”, explicó en el mensaje enviado al periódico español.

De confirmarse la falsedad de su ordenación, los matrimonios y bautizos impartidos por Ibarra en este tiempo pasarán a ser ilícitos, aunque seguirán siendo válidos para la Iglesia, finaliza El País.