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En las últimas semanas, se desató un debate en el país debido a la propuesta del presidente Gustavo Petro. Esta iniciativa pretende financiar el transporte público en Colombia, comenzando por Bogotá, mediante pagos adicionales en la factura de servicios públicos, especialmente en los hogares de estrato alto. Desde entonces, han salido diversas opiniones a favor y en contra frente a la propuesta.
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Pese a que el transporte público sin tarifas sería un logro destacable para muchos, en un reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Anif se destaca la necesidad de aplicar esta iniciativa con rigurosidad. De lo contrario, podrían surgir cargos significativos para los colombianos, lo que afectaría las finanzas personales.
Habría graves consecuencias si aumentan recibo de la luz para dejar gratis el transporte público
Algunos de esos factores son la realidad de los sistemas de transporte, la solidez de las empresas que los gestionan y los impactos causados por la pandemia son elementos clave a considerar en el proceso.
“Actualmente, el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (TM y SITP) se encuentra en una situación financiera compleja. La pandemia del Covid-19 causó una fuerte caída en la demanda del servicio. El año 2021 presentó una contracción en las validaciones en el sistema de casi 50 % (debido a las restricciones de capacidad durante la emergencia sanitaria) y un cambio en la modalidad y necesidades de transporte a raíz de la pandemia y el incremento en el trabajo virtual”, menciona Anif.
Y también manifiesta que: “La brecha entre ingresos y egresos en el sistema integrado ha ido aumentando considerablemente en los últimos años. En 2019, el 71 % de los ingresos provenía de los pasajes de los usuarios y el 29 % correspondían a los aportes del Distrito. En 2021, la situación dio la vuelta y tan solo el 35 % de los ingresos correspondía a ingresos por pasajes, mientras que los aportes del Distrito representaban el 65 % de los recursos necesarios para el cierre financiero”.
Importante destacar que, de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, en el primer semestre de este año, Bogotá y su área metropolitana cuentan con 2,9 millones de hogares con conexión legal al servicio de electricidad. Esta cifra proporciona contexto relevante para evaluar la viabilidad y el alcance de la propuesta de financiar el transporte público a través de un pago extra en la factura de electricidad.
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“Llevarlo (los pasajes) a tarifa cero, es una propuesta que, a pesar de sus buenas intenciones, no se ha estudiado cuidadosamente (no hay estudios de factibilidad ni planes detallados de operación). Además, que esté atada a una sola fuente, en este caso la factura de la luz, cambiará de manera radical los incentivos para la utilización del servicio de transporte y de energía residencial. Es muy importante tener presente y recordar que el hecho de que no haya un cobro del pasaje no quiere decir que el transporte sea gratis, alguien tiene que asumir esos costos”, menciona el informe.
Además, se ha mencionado que la vinculación de este cargo a la factura de electricidad, que ya está aumentando de precio, podría ocasionar importantes distorsiones en el mercado de la energía, con consecuencias graves. Esto puede resultar en una disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que puede resultar prejudicial para aquellos individuos que en la actualidad reciben subsidios de transporte.
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