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Dice el refrán que “nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde”. Más o menos así es la conclusión a la que llegó un análisis hecho por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), que analizó los posibles impactos que la reforma a la salud tendría en la prestación de servicios, en los logros alcanzados por el actual sistema y hasta en la pobreza.
En el estudio –llamado “Posibles impactos del marchitamiento de las EPS en el marco de la reforma a la salud”– participaron diez investigadores e hicieron pronóstico económico con la reforma en marcha: casi 750 mil personas ingresarían a la pobreza monetaria y otras 500 mil lo harían a la condición de indigencia.
(Vea también: ¿Qué pasará con las reformas de salud y pensión luego del fracaso de la laboral?)
La explicación de esta advertencia de la ANIF radica en un hecho matemático y comprobable desde que la Ley 100 de 1993 entró en vigencia: la protección financiera y el bajo gasto de bolsillo en las personas que acceden a los servicios de salud. En otras palabras, que la gente no se quiebre por una enfermedad, una urgencia médica o un tratamiento de larga vigencia.
Según los datos presentados por la Asociación, antes de 1993 el gasto de bolsillo se ubicaba en el 40 %, mientras que en 2019 este indicador se ubicó en 14,9 %. Porcentaje que tuvo más de cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y casi 24 por debajo de la media de América Latina, en donde es del 38,6 %.
Esto se traduce en que en Colombia acceder al sistema de salud –además de fácil, pues la cobertura alcanza el 99,1 % de la población– sale barato, en comparación con los países vecinos y con los ricos de la OCDE.
Sin embargo, para los investigadores, la reforma a la salud del Gobierno “pretende refundar el sistema de salud, en vez de mejorar sobre lo construido”, en referencia a que cambiar y asignar nuevas tareas a las EPS y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) se traduce en “poner en riesgo la gestión individual de cada paciente”. En últimas, el beneficiario principal del sistema.
En ese sentido, la ANIF plantea que la reforma acabará con el aseguramiento en salud –que logró tener el nivel de cobertura universal y tener como centro la gestión integral del riesgo–, pues convertirá el sistema en uno de administración delegada, similar al esquema de recobros.
“En un esquema de aseguramiento se alinean los incentivos para prestar servicios de manera sostenible, mientras que un esquema de administración rompe la lógica de gestión de riesgo y genera mayor presión financiera para el Estado”, dice el estudio.
¿Cuánto es el gasto de bolsillo?
Para dar una idea de cuánto gasta de su billetera un ciudadano cuando requiere alguna atención en salud están los datos de la Cuenta Satélite de Salud del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que señalan que para 2021 los gastos no cubiertos por el sistema de salud ascendieron a $ 3,48 billones: $ 68.000 por persona.
No obstante, según los cálculos de la ANIF, en el peor de los escenarios con la implementación de la reforma, el país podría volver a los niveles previos a la Ley 100 y alcanzar los $ 10,2 billones (unos $199.600 per persona).
Todo este coctel de escenarios radica en la desaparición de las funciones de las Entidades Promotoras de Salud, así continúen como Entidades Gestoras de Salud y Vida. “La posible eliminación del rol de las EPS tendría impactos en el flujo de los recursos del sistema, en la correcta y eficaz prestación de los servicios y en el manejo de los riesgos financieros y de perfiles en salud”, señalan.
Lo concreto es que a la reforma a la salud, que fue aprobada en primer debate en el Congreso, –y que para el presidente Gustavo Petro le ha significado capital político, gobernabilidad y la estabilidad de su propio gabinete– lo que le sobran son advertencias y reparos sobre su impacto en la salud pública del país. Y ahora este, que habla de un impacto económico en los ciudadanos.
Porque si se rompe el aseguramiento en salud y la experiencia de las EPS haciendo gestión del riesgo financiero, desencadenaría en que el modelo que garantiza ese bajo gasto en salud de la gente se caiga como un castillo de naipes y termine en que ese gasto para los hogares suba y afecte a las personas más vulnerables y de menores ingresos.
Sin olvidar que, en este momento y sin reforma andando, la financiación del sistema de salud esa en riesgo, como lo advierten gremios como Acemi y Gestarsalud, por factores que pasan desde el incremento de atenciones en salud, el pago por afiliado y la inflación y devaluación.
Los recursos que faltan en las EPS
Según Gestarsalud, la insuficiencia de las asignaciones y giros de los presupuestos máximos para cubrir los servicios que no se financian con el pago por cada afiliado es uno de los aspectos que afecta la situación financiera de las EPS. Para mayo de 2023, el déficit estimado es de aproximadamente $1,03 billones para todas las aseguradoras. Así mismo, están pendientes de reconocimiento y giro a avrias entidades del régimen subsidiado $467 mil millones por los años 2020 a 2023. Entre tanto, la frecuencia de atenciones en el régimen subsidiado se incrementó en un 30 % entre 2020 y 2022.
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