La Procuraduría General de la Nación puso el ojo sobre la Escuela de Administración Pública (Esap), entidad encargada de la operatividad de las evaluaciones por mérito, debido a las posibles irregularidades que se presentaron en los procesos de selección a los que miles de ciudadanos aspiraron para obtener un cargo público con el Estado en 2020.
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El tema tomó relevancia porque son cerca de 47.000 colombianos los afectados en el proceso de meritocracia, pues según la Procuraduría aprobaron los exámenes y, al parecer, por errores en los resultados de las calificaciones, ahora se encuentran en el limbo y sin nadie que les responda.
El Ministerio Público tomó cartas en el asunto y solicitó explicaciones a la Esap, que aceptó posibles fallas técnicas y administrativas en las calificaciones, por lo que se pidió el expediente completo con pruebas de los trabajos que se hicieron en los procesos de selección.
Los concursantes aspiraban a ocupar 3.500 vacantes del Estado en 400 municipios de quinta y sexta categoría en cargos asistenciales como conductores y secretarias; profesionales como abogados, administradores y economistas, entre otros puestos.
Al tratarse de un tema de interés y orden público, la Procuraduría también reveló que en los estrados judiciales ya cursan cuatro tutelas interpuestas por ciudadanos que reclaman sus derechos en este proceso.
El Ministerio Público le advirtió a la Esap que seguirá muy de cerca lo que pase con estas personas y le exigió que a más tardar en octubre de 2023 se publique la lista de elegibles para los empleos ofrecidos con el Estado por mérito.
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