Violencia intrafamiliar en Valledupar: el caso que revela las brechas y retos para migrantes en Colombia

El reciente caso de violencia intrafamiliar en Valledupar: una mirada al trasfondo social y judicial colombiano

El caso ocurrido en Valledupar donde Rafael Negrette fue capturado en flagrancia tras agredir a su pareja, una mujer venezolana beneficiaria del Permiso de Protección Temporal, vuelve a poner sobre la mesa una preocupación persistente en Colombia: la violencia de género, especialmente dentro de la población migrante y en contextos vulnerables. Según reporta el diario El Pilón, la víctima fue trasladada de inmediato a un hospital local, recibiendo atención por trauma físico, mientras que Negrette, aprehendido por la Policía Metropolitana, quedó a disposición del sistema judicial para su procesamiento.

Este incidente, si bien particular, se inscribe en un cuadro mucho más amplio y complejo. El Informe Nacional de Violencia contra las Mujeres, presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2024, revela que el 66% de las víctimas de violencia intrafamiliar en el país pertenecen a estratos socioeconómicos bajos. En el caso de las mujeres migrantes venezolanas, su vulnerabilidad se multiplica por la carencia de redes de apoyo, la dificultad para acceder a servicios legales y la discriminación social sistemática. Así lo evidencia el estudio de la Fundación Casa de la Mujer publicado en 2023, que subraya las barreras con las que tropiezan las mujeres extranjeras al momento de denunciar y exigir protección efectiva en un país que, si bien ha avanzado en normativas, aún tiene grandes desafíos en la ejecución de políticas públicas.

La intervención oportuna de la Policía en el barrio La Nevada refleja la aplicación de los protocolos establecidos para estos casos. La línea 123, herramienta promovida a nivel nacional, sigue demostrando su utilidad para activar la respuesta institucional ante situaciones de emergencia doméstica. No obstante, persisten retos, como documenta Human Rights Watch en su informe de 2022, relativos a la capacitación de los agentes para el abordaje sensible y eficaz bajo perspectiva de género, así como la necesidad de fortalecer el acompañamiento integral a las víctimas.

Durante los últimos dos años, Valledupar ha registrado un incremento de 12% en los reportes de violencia intrafamiliar, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobierno local. Este aumento se encuentra vinculado a factores como el impacto de la migración venezolana, la crisis económica post-pandemia y las limitaciones institucionales en la protección de las personas afectadas. Aunque la pronta captura del agresor en este caso es valorada positivamente, la Fiscalía General de la Nación advierte que solo el 40% de las denuncias logran llegar a una sentencia condenatoria. Las principales dificultades radican en la recolección de pruebas, el temor de las víctimas y la articulación deficiente entre las entidades encargadas de la atención.

El rol del periodismo es clave para exponer este tipo de situaciones sin revictimizar a las personas involucradas. Según especialistas como María Teresa Ronderos y José María Caminos, es necesario un periodismo de investigación responsable, capaz de combinar rigor documental, trabajo de campo y verificación cruzada, pues solo así se puede contribuir a entender y prevenir la violencia de género. Complementariamente, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Mujeres han reiterado la urgencia de fortalecer las políticas estatales que aseguren la protección real, acompañamiento y reintegración social de las víctimas, especialmente de quienes han migrado y enfrentan mayor desprotección.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Por qué la población migrante es especialmente vulnerable a la violencia de género en Colombia?

La vulnerabilidad de la población migrante, como la venezolana en Colombia, se agrava por la ausencia de redes familiares y sociales de apoyo, dificultades en el acceso a recursos públicos y barreras legales para regularizar su situación. Todo ello hace que las mujeres migrantes estén más expuestas a la violencia intrafamiliar y encuentren más obstáculos para denunciar. Según la Fundación Casa de la Mujer, el temor a represalias o la falta de información incrementan el aislamiento y la indefensión de quienes sufren agresiones.

Adicionalmente, la discriminación y estigmatización social afectan la disposición de las víctimas para buscar ayuda, a lo que se suma la limitada cobertura de servicios de apoyo psicosocial y protección en ciudades con alta concentración de migrantes. Esto refuerza el llamado de organizaciones de derechos humanos y agencias multilaterales para abordar el fenómeno migratorio con enfoques diferenciales e interculturales que respondan tanto a la prevención como a la atención de la violencia de género.

¿Qué acciones pueden fortalecer la respuesta judicial ante la violencia intrafamiliar?

El principal desafío en la respuesta judicial radica en la baja proporción de denuncias que culminan en condenas. Las fuentes oficiales de la Fiscalía General de la Nación identifican fallas en la recolección de pruebas, el seguimiento a los casos y el acompañamiento efectivo a las víctimas. Facetas como la integración entre la Policía, las comisarías de familia y los juzgados, así como la formación de operadores judiciales con perspectiva de género, resultan clave para superar estos obstáculos.

Igualmente, fomentar campañas de sensibilización comunitaria y mejorar la articulación con organizaciones sociales puede facilitar las denuncias y el acceso a rutas de atención. La experiencia de Valledupar refuerza la importancia de combinar estrategias de prevención con una justicia más ágil y sensible, capaz de garantizar protección y reparación integral a las víctimas.