Analfabeto vende su terreno en Manizales y termina estafado: el caso que sacude al sistema legal colombiano

El reciente caso de un hombre en Manizales, cuyo abogado exigió que la Fiscalía reabra una investigación por presunta estafa luego de la venta de su terreno, refleja las complejidades que enfrentan personas vulnerables ante sistemas legales y comerciales avanzados. Según los hechos presentados, el propietario, analfabeto y heredero de un lote que cuida desde hace años, se vio envuelto en una transacción problemática cuando, tras negociar verbalmente la venta por 800 millones de pesos y recibir un adelanto de 20 millones, fue llevado a una notaría donde firmó, sin poder comprender el contenido, un documento que fijaba el valor total de la venta en apenas 5 millones. La abogada del afectado denuncia abuso y mala fe, mientras que la Fiscalía considera que se trata únicamente de un incumplimiento contractual, por lo cual insistió en que el proceso debe resolverse en la jurisdicción civil y no penal.

Esta confrontación saca a flote un tema muchas veces abordado por académicos del derecho y organizaciones de la sociedad civil: la fragilidad de quienes no saben leer ni escribir ante prácticas notariales o legales que pueden prestarse para el engaño. Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia evidencian la frecuencia de estos abusos, destacando que los marcos legales deberían garantizar un consentimiento realmente informado, sobre todo cuando hay indicios de dolo —es decir, intención deliberada de fraude— o manipulación de una de las partes. El principio de buena fe, base de los actos civiles, no debe convertirse en un obstáculo para denunciar fraudes o estafas cuando existen brechas cognitivas o educativas.

El contexto de este caso también se vincula con el auge de proyectos turísticos y urbanísticos en regiones rurales, lo que incrementa la presión sobre propietarios de tierras y genera numerosos conflictos legales. De acuerdo con información publicada por el Banco Mundial, la falta de mecanismos eficaces para consultar a pequeños propietarios y proteger sus derechos agrava estas pugnas, especialmente en áreas con valoración estratégica de la tierra. La presencia de intereses económicos fuertes, como los desarrolladores turísticos, puede poner en una situación de indefensión a las familias y personas menos capacitadas para defenderse jurídicamente.

A esto se suma la discusión sobre el alcance del derecho penal frente a problemas derivados en teoría del derecho civil. El Colegio de Abogados de Colombia señala que, aunque las compraventas suelen discutirse en la justicia civil, debe existir apertura a procesos penales cuando hay abuso evidente, coacción o manipulación —en particular si la víctima es analfabeta—, ya que la estafa constituye no solo un simple incumplimiento, sino un perjuicio patrimonial deliberado. La posición de la Fiscalía sobre archivar el caso plantea interrogantes sobre la capacidad real del Estado para proteger a los grupos más vulnerables.

La decisión judicial que está por tomarse representa un momento crucial para la defensa efectiva de derechos fundamentales en este tipo de situaciones. De acuerdo con expertos procesalistas, solo una valoración completa del contexto social, las pruebas y la vulnerabilidad de la víctima permitirá resolver el caso con justicia y prevenir que circunstancias similares sigan ocurriendo. Este litigio ilustra así no solo las carencias de los sistemas legales actuales, sino la necesidad de políticas públicas y judiciales que prioricen la protección efectiva de los sectores más desprotegidos frente a abusos sistemáticos.

¿De qué manera se protege legalmente a las personas analfabetas en trámites notariales?
La pregunta sobre la protección de personas con analfabetismo en procedimientos legales y notariales surge a raíz de su exposición a posibles engaños. La legislación colombiana establece protocolos específicos para garantizar que comprendan los documentos que firman, tales como la lectura en voz alta y la intervención de testigos. Sin embargo, estudios de la Universidad Nacional de Colombia insisten en que, en la práctica, estas garantías no siempre se cumplen rigurosamente y pueden ser vulneradas fácilmente si no se considera el consentimiento informado real y la posibilidad de manipulación, como mostró este caso.

Adicionalmente, la importancia del consentimiento pleno y explícito cobra mayor relevancia en situaciones donde existen diferencias educativas o cognoscitivas. Por este motivo, organizaciones de derechos humanos y abogados especialistas presionan para que estos trámites sean supervisados de manera más estricta, subrayando la urgencia de fortalecer la educación jurídica y la ética notarial. De lo contrario, la protección formal puede quedarse en el papel, y los afectados seguirían cayendo en situaciones abusivas.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía cuando hay sospechas de estafa en contextos civiles?
Esta pregunta es fundamental debido a las divergencias frecuentes entre la vía civil y la penal en Colombia, especialmente en casos donde hay indicios de engaño o abuso de confianza. Según el análisis del Colegio de Abogados, aunque la compraventa y las diferencias contractuales suelen atenderse por medio de la justicia civil, la Fiscalía tiene la responsabilidad de iniciar investigaciones penales cuando se presentan elementos claros de dolo o manipulación, sobre todo si la víctima pertenece a un grupo vulnerable como los analfabetos.

El debate radica en delimitar cuándo un conflicto trasciende el mero incumplimiento para constituir estafa. Si bien la Fiscalía suele dar prioridad a la resolución por la vía civil, expertos en derecho procesal advierten que esto puede dejar desprotegidas a personas indefensas frente a prácticas fraudulentas. Por ello, una atención minuciosa al contexto y a la naturaleza del acto es esencial para sancionar los abusos y evitar la impunidad en estos escenarios.