Solo uno de tres generales implicados en corrupción en Ejército será sacado de esa fuerza

Se trata de Jorge Romero Pinzón, cabeza del Comando de Apoyo de Acción Integral, según dio a conocer este martes el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Botero hizo el anuncio en rueda de prensa, y en sus redes sociales confirmó que el general Romero ha sido “llamado a calificar servicios”.

De otro lado, el funcionario dijo que el general Adelmo Fajardo Hernández, segundo comandante del Ejército, “solicitó vacaciones para preparar su defensa”.

Esto, como se recuerda, porque la revista Semana denunció, basada en audios y testimonios, que el alto oficial habría pedido plata de las Fuerzas Militares para viajar con su familia.

Mientras, el general Eduardo Quirós, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), que, según la denuncia de la revista Semana, ofreció cien millones de pesos a quienes delataran a los militares que estaban filtrando información a los medios, “será trasladado mientras se resuelve su situación”, agregó Botero.

Si bien el ministro Botero no amplió detalles sobre esta decisión, Caracol Radio hizo un primer análisis en el que concluyó que las dudas que surgen son por qué se llama al general Romero Pinzón a calificar servicios, qué es lo que hace que lo separen de esa fuerza; por qué no se separa al general Fajardo Hernández, y más bien le conceden vacaciones; y cuál es la investigación que se adelantará contra el general Quirós.

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“El Ministro [Botero] tiene que ser muy contundente en lo que dice sobre por qué está tomando cada determinación para cada uno de los militares”, dijo Gustavo Gómez, director de ‘6AM Hoy por Hoy’.

Sobre el general Romero Pinzón, la revista Semana dice: “La Fiscalía investiga posibles malos manejos que sumarían alrededor de 1.000 millones de pesos. Dineros destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, habrían sido desviados mediante maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo”.

Estas medidas contra los tres altos oficiales son del Gobierno Nacional, mientras siguen, por otro lado, las investigaciones penal, a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y disciplinaria, por cuenta de la Procuraduría.