Impactante secuestro y liberación de médicos en Huila reaviva alarma por ataques a misiones médicas

La liberación de ocho integrantes de una comisión médica, ocurrida el 9 de octubre de 2025 tras su secuestro en La Plata (Huila) un día antes, vuelve a poner en el centro del debate los riesgos que enfrenta el personal sanitario en zonas rurales de Colombia, así como los desafíos en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contextos de conflicto armado persistente. El alcalde Camilo Ospina Martínez oficializó la noticia, mientras que tanto autoridades locales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordaron la estricta obligación de los grupos armados de respetar, sin excepción, las misiones médicas y las normativas internacionales que las protegen (ONU Derechos Humanos Colombia, 9 oct. 2025).

Este caso, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, Informe Colombia 2024), no es aislado: en los últimos años, los ataques a misiones médicas y personal sanitario han mostrado una tendencia al alza, pese a estar prohibidos de manera expresa por los protocolos internacionales. La estructura Hernando González Acosta, disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), fue señalada como responsable del secuestro en el sector de San Miguel, cerca de las veredas Agua Bonita y Buenos Aires. Allí, la limitada presencia estatal obliga a las comunidades a depender de brigadas médicas itinerantes para obtener servicios básicos de salud, como detalla el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023).

La confusión sobre la cantidad de secuestrados —la ONU inicialmente informó de nueve y se liberaron ocho— ha generado interrogantes acerca del paradero de una persona, cuestión que permanece bajo investigación por parte de entidades oficiales y agencias internacionales. Este episodio evidencia que, pese a los avances en la implementación del Acuerdo de Paz, la persistencia de disidencias armadas continúa fragmentando el tejido social y vulnerando los derechos fundamentales de las poblaciones más apartadas. El análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2025) resalta que, en lugares como Huila, la debilidad institucional permite que actores armados impongan restricciones sobre el acceso a la salud, empleándolo incluso como mecanismo de control social.

Expertos en seguridad y Derecho Internacional Humanitario insisten, en informes como el publicado por la Universidad de los Andes (2024), en que la respuesta estatal debe incluir coordinación entre fuerzas militares, entidades de salud y organismos internacionales para proteger a los trabajadores humanitarios y asegurar la continuidad de la atención médica en territorios afectados por la violencia. El riesgo que enfrentan estos profesionales, advierten, tiene consecuencias devastadoras para la salud pública de miles de colombianos, profundizando la crisis humanitaria en zonas históricamente marginadas.

El episodio en La Plata subraya la necesidad de acelerar la ejecución de los compromisos de paz y fortalecer la presencia institucional en áreas vulnerables. La sociedad colombiana y las autoridades deben evitar que la violencia contra el personal de la salud se convierta en un hecho habitual. Tal como lo recalca la ONU, la protección a las misiones médicas y el respeto al DIH son obligaciones ineludibles; sin embargo, la distancia entre la legislación y su aplicación es aún considerable en vastas regiones del país.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por qué protege a las misiones médicas?
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) abarca un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los conflictos armados sobre quienes no participan directamente en ellos, como civiles y trabajadores humanitarios. Dentro de sus disposiciones, el DIH establece garantías especiales para el personal y las instalaciones médicas, así como para los pacientes y heridos, prohibiendo cualquier ataque contra ellos. Esta protección tiene como objetivo asegurar el acceso a servicios esenciales durante situaciones extremas de violencia, algo especialmente relevante en el contexto colombiano donde las misiones médicas representan en muchos casos la única vía para atención sanitaria en zonas aisladas y en conflicto.

¿Qué medidas pueden fortalecer la protección de las misiones médicas en zonas rurales en conflicto?
La protección efectiva de las misiones médicas requiere de una estrategia integral que involucre la colaboración entre autoridades locales, nacionales y organismos internacionales. Según diversos informes citados, esto debería incluir el aumento de la presencia institucional, el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y prevención, así como capacitaciones específicas para personal militar y policial en normas humanitarias. Además, la comunidad internacional, a través de misiones de verificación y apoyo, puede desempeñar un rol clave en monitorear el respeto a los derechos de los trabajadores sanitarios y en exigir a los actores armados la observancia plena del Derecho Internacional Humanitario.