Asalto a mano armada, persecución y capturas: los giros inesperados del robo millonario al comerciante

La Fiscalía presentó este viernes cargos por hurto calificado y agravado ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías. El implicado no aceptó los cargos y se espera que este lunes se tome la decisión sobre si deberá ser enviado a prisión preventiva. Según lo consignado en el informe, los hechos se remontan al 15 de enero, día en que Gustavo Adolfo Guarín Vargas contactó personalmente a un comerciante con la aparente intención de adquirir licor. Este primer encuentro sirvió como antesala para un engaño mayor.

Posteriormente, otro de los presuntos implicados, identificado como Luis Enrique, se comunicó con la víctima para solicitar un pedido por un monto de 1 millón 700 mil pesos. El 29 de enero, hacia las 6:40 de la tarde, llegó hasta el establecimiento comercial y, al abrirle la puerta, ingresó junto a tres cómplices. Armados y violentos, sometieron tanto física como psicológicamente a seis personas presentes, quienes fueron amordazadas mientras los delincuentes se apoderaban de una caja fuerte, teléfonos móviles y joyas, con un valor total aproximado de 174 millones de pesos. Luego de consumar el robo, huyeron en un taxi originario de Medellín.

Una vez que las víctimas lograron liberarse, dieron aviso a la Policía, lo que permitió el rastreo de los equipos robados. Este seguimiento los condujo hasta San Bernardo del Viento, donde efectivos de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) interceptaron a los sospechosos. Tras un intercambio de disparos, fueron capturados Gustavo Adolfo Guarín Vargas y Wilfrideth Guerrero Buelvas, recuperándose apenas cerca de 3 millones de pesos del botín, mientras otros dos cómplices escapaban.

En cuanto a Luis Enrique, de 62 años y oriundo de Filadelfia, el reporte destaca que posee dos antecedentes judiciales relevantes: una condena de 4 años y 8 meses por hurto calificado y agravado ocurrida en 2015, y otra sentencia de 3 años por acto sexual violento en 2019, ambas dictadas por la justicia.

Por su parte, Gustavo Adolfo Guarín Vargas y Wilfrideth Guerrero Buelvas, capturados tras el enfrentamiento, optaron por un preacuerdo con la Fiscalía y continúan a la espera de la condena definitiva; buscan que se les conceda la detención domiciliaria. A su vez, el 17 de julio las autoridades detuvieron a Marlis, propietaria del taxi empleado para la huida, y a Jairo, quien fue señalado de conducir el vehículo y considerado inicialmente coautor del robo. Según el ente acusador, la mujer habría organizado la ruta del viaje mediante mensajes y llamadas, mientras que Jairo era sospechoso de identificar a la víctima y asistir en los seguimientos, ya que su celular fue ubicado frecuentemente cerca del lugar del robo y utilizaba lenguaje en clave para referirse al comerciante.

No obstante, en la audiencia celebrada ante el Juzgado 12 Penal Municipal de Conocimiento, la fiscal del caso solicitó preclusión al no encontrar pruebas concluyentes para acusarlos, y la jueza accedió. La investigación demostró que, si bien Jairo mantenía una relación cercana con Gustavo y estuvieron en comunicación el día de los acontecimientos, ello no probaba su participación en la banda. Además, se estableció que Marlis solo tenía conocimiento de tres viajes ocasionales del taxi y mantenía comunicación constante con el conductor, pero desconocía los planes delictivos, lo que fue corroborado por los condenados.

Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron a los asaltantes, y la ausencia de Jairo en las imágenes resultó decisiva para su absolución, así como para despejar las dudas sobre la participación de Marlis en el caso.

¿Qué significa “preclusión” en el ámbito judicial?

Preclusión es un término jurídico que se refiere a la decisión de dar por finalizada una investigación penal sin que la persona implicada sea acusada formalmente, generalmente por falta de pruebas que permitan continuar con el proceso. En este caso, la fiscalía solicitó la preclusión para Marlis y Jairo después de considerar que no existían evidencias suficientes para vincularlos al hecho investigado. La jueza, tras evaluar la exposición de la fiscal, aceptó la solicitud y ambos quedaron libres de cargos.

El concepto de preclusión es fundamental en la justicia penal, ya que garantiza que nadie sea sometido a juicio sin pruebas concretas en su contra, resguardando así los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad del proceso penal.