¿El Caribe colombiano cerca de una autonomía histórica? Así avanza la apuesta por convertirse en RET

La iniciativa de los gobernadores del Caribe colombiano para transformar la actual Región Administrativa y de Planificación (RAP) en una Región Entidad Territorial (RET) representa un hito en la búsqueda de mayor autonomía regional dentro del país. Esta propuesta responde a la necesidad histórica de los departamentos de Atlántico, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba de gestionar y decidir sobre sus propios recursos y estrategias de desarrollo. La figura de la RAP, aunque con personalidad jurídica y autonomía administrativa, no ha sido suficiente para superar las limitaciones asociadas a la toma de decisiones y asignación fiscal efectiva, condicionando la capacidad de estos departamentos para resolver de manera eficiente sus desafíos estructurales. Según información recogida por El Pilón, este nuevo modelo jurídico busca robustecer la gobernanza del Caribe, otorgándole un marco legal y constitucional ampliamente respaldado.

El fundamento normativo de la RET se encuentra en el artículo 307 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y en la Ley 1962 de 2019. Esta ley introduce atribuciones expandidas para las regiones-entidad, orientadas no solo a la administración de recursos sino también a la formulación de políticas de desarrollo sostenible, la protección de ecosistemas estratégicos y la representación en instancias nacionales. Estas competencias exceden de manera significativa las funciones de alto nivel técnico-administrativo previstas para las RAP, subrayando la intención del legislador de propiciar una autonomía real, capaz de incidir en el destino colectivo de la región, como menciona El Pilón.

El proceso para convertir la RAP Caribe en una RET implica varios pasos institucionales fundamentales: la aprobación del Congreso de la República y el respaldo del Ministerio del Interior, quien en la voz de Armando Benedetti ha señalado que esta figura representa "un derecho constitucional aún no materializado". El ministro ha resaltado que la RET Caribe cuenta con "unidad política, músculo institucional y mandato claro", lo que evidencia tanto el apoyo oficial como la fuerza que ha tomado la iniciativa en la agenda nacional.

El avance de la autonomía regional ocurre en un país aún centralizado, donde la concentración del poder limita la capacidad de respuesta local ante problemáticas graves, como la desigualdad, el deterioro ambiental y las brechas de infraestructura. De acuerdo con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, la RET posibilitaría una integración territorial más fuerte, mejor planeación y recursos para atender asuntos urgentes de la región, lo que ha sido un reclamo persistente durante décadas.

La diferencia principal entre la RAP y la RET radica en el alcance político y fiscal. Mientras la RAP solo posibilita la articulación entre departamentos en temas específicos, la RET daría el salto hacia la autonomía fiscal y política, gestionando recursos propios, y tendría competencias que le permitirían tomar decisiones fundamentales para el desarrollo regional. Colombia podría estrenar así su primera RET, y el Caribe emergiría como un modelo a seguir para otras regiones que busquen fortalecer su autonomía dentro de los límites constitucionales y legales existentes, como detalla la información de estudios académicos recientes citados en El Pilón.

Sin embargo, este proceso también enfrenta retos considerables. Además de la tramitación política, la consolidación de la RET debe sustentarse en la participación activa de la ciudadanía y la capacidad técnica-administrativa local. Expertos como Barbara Ochoa y Sergio Mejía, de la Universidad del Rosario, advierten sobre la necesidad de normas claras, recursos suficientes y controles efectivos de transparencia. Si estos elementos fallan, podrían presentarse riesgos de burocratización y conflictos interdepartamentales, lo que pondría en entredicho los beneficios esperados de la autonomía regional.

Por otra parte, la RET adquiere relevancia en la agenda ambiental, dado que la región Caribe alberga ecosistemas críticos para la biodiversidad nacional. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2028, al otorgar competencias directas sobre la protección de estos territorios, se espera que la RET pueda liderar estrategias frente a desafíos como el cambio climático y la conservación de manglares, páramos y zonas costeras.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Cuáles serían los beneficios sociales directos para los habitantes del Caribe con la implementación de la RET?

Esta pregunta surge porque la nueva figura territorial no solo implica cambios administrativos, sino también impactos palpables en la vida cotidiana de la población. El interés de los ciudadanos radica en conocer de qué manera una autonomía reforzada se transformaría en mayor inversión en servicios públicos, educación, salud, infraestructura y protección ambiental en sus territorios. Además, la participación en la definición de políticas públicas podría aumentar la transparencia y dar voz directa a sectores tradicionalmente marginados del proceso de toma de decisiones regional.

Según lo expresado por autoridades como la gobernadora del Cesar, la creación de la RET está orientada a superar obstáculos históricos en términos de desarrollo económico y social, permitiendo que cada departamento cuente con herramientas más eficaces para diseñar soluciones a la medida de sus realidades. El involucramiento de la ciudadanía en las etapas de consulta y gestión regional resultará fundamental para garantizar la legitimidad y eficacia de la nueva figura.

¿Qué diferencia existe entre autonomía administrativa y autonomía fiscal en el contexto de la RAP y la RET?

En la discusión sobre regiones autónomas, los términos "autonomía administrativa" y "autonomía fiscal" suelen prestarse a confusión. La autonomía administrativa se refiere a la capacidad de una entidad para organizar y decidir sobre sus asuntos internos, pero sin tener necesariamente potestad para generar o gestionar recursos propios. Por el contrario, la autonomía fiscal implica la capacidad para recaudar, administrar y distribuir los impuestos y otros ingresos, lo que otorga un poder mucho mayor de acción e independencia financiera frente al gobierno central.

En el caso colombiano, la RAP cuenta únicamente con autonomía administrativa limitada y depende del presupuesto nacional. La RET, en cambio, según lo explicado por la Ley 1962 de 2019, tendría la posibilidad de ejercer autonomía fiscal, gestionando directamente sus recursos para invertir en proyectos regionales y atender las prioridades propias del Caribe. Esta diferencia es crucial para entender el alcance real del proceso y sus potenciales beneficios para el desarrollo local.