Bogotá
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Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, detalló apartes de cómo sería la distribución cuando esté la dosis.
La representante asegura que Colombia ya planteó la posibilidad de comprar 10 millones de vacunas. Lo hizo a través del Fondo Rotatorio de la OPS, a donde el presidente Iván Duque y el ministro de Salud enviaron una carta en la que expresan su intención de adquirir el medicamento cuando ya quedé desarrollado.
El primer grupo que recibiría la vacuna en esa primera fase serían 10 millones de personas, pero aún está por definir si será una dosis o varias. Gina Tambini explicó a Blu Radio que los primeros beneficiados con la vacuna serían quienes están dentro de la población en riesgo: los trabajadores de la salud, las personas mayores de 65 años y los adultos con enfermedades crónicas.
La representante de la OPS también explicó que la distribución de la vacuna no es una negociación uno a uno con los laboratorios, sino que hay varias opciones de vacunas en el portafolio. Según ella, por lo menos hay 12 posibilidades.
“No solo es tener la composición de la vacuna, sino también entra todo ese trabajo de cómo se va a presentar”: explicó Tambini a esa misma emisora.
Pese a que varios líderes mundiales han hecho énfasis en que la vacuna no se debería convertir en un negocio y se tiene que acudir a la equidad para garantizar que todos los ciudadanos queden protegidos del COVID-19, en diferentes países ya se habla de un eventual negocio que se daría con la venta de la dosis.
En España, por ejemplo, se da por hecho que la vacuna generará enormes ingresos para la empresa que la desarrolle y el negocio se centraría en las patentes.
“Es lógico que una empresa que ha invertido dinero, tiempo, esfuerzo y personal en desarrollar un invento, quiera ostentar un monopolio sobre el mismo. Es decir, que nadie pueda fabricarlo o venderlo sin su autorización”, explica Javier Serrano Irurzun, analista del diario Vanguardia, de España.
Buena parte de esa responsabilidad la tendría el Estado, que se haría cargo de conceder las patentes con algunos límites.
“Es un acuerdo en el que la empresa gana, pues obtiene un derecho de exclusiva, y el Estado gana, pues favorece el progreso tecnológico y el interés por la innovación en el país”, describe ese mismo medio.
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