El País publica pruebas de que general Martínez dirigió brigadas implicadas en ejecuciones

El comandante del Ejército ha negado que la Fiscalía lo esté investigando, pero el medio español muestra documentos que lo involucran con 'falsos positivos'.

Se trataría de unos 23 crímenes de Estado que, de acuerdo con ese diario, incluso ya han sido juzgados y con sentencias en firme, y ocurrieron en el periodo en que Nicacio de Jesús Martínez fue segundo comandante de la Décima Brigada Blindada.

Un informe del exfiscal Eduardo Montealegre sobre los hechos ocurridos durante la presidencia de Álvaro Uribe, y particularmente en 2005, sostendría que la brigada tendría “uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”, escribe El País.

En dichos documentos se habla particularmente del batallón La Popa, en Valledupar, a cuyos soldados señalaron de “colaborar con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios”.

Asimismo, se les acusó del asesinato de una persona protegida y tres civiles más —uno de ellos con discapacidad mental– entre abril y mayo de 2005; todos reportados después como miembros de las Farc dados de baja en combate.

En los documentos conocidos por El País también constaría la muerte de otros cuatro civiles en noviembre de ese mismo año, a los cuales les habían ofrecido trabajo justamente en la capital del Cesar. Pero lo más llamativo del caso es una frase que la Fiscalía dejó en manifiesto en la sentencia en que se juzgaron los hechos:

“La presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real”

Ese mismo noviembre, Martínez Espinel habría hecho al menos uno de los “siete pagos cuestionables” —denunciados anteriormente por HRW y la agencia AP– a supuestos informantes que habrían sido en realidad soldados directamente implicados en ejecuciones de civiles, asegura el diario ibérico.

El último caso que menciona El País data de dos días antes de que Martínez abandonara lo que, según lo reiteró a ese medio, fue una labor eminentemente administrativa en la Décima Brigada. Se trató de la masacre de tres indígenas que dejó a dos más heridos e incluyó la agresión sexual a dos mujeres de la misma etnia.

Aunque las investigaciones en Procuraduría y Fiscalía están todavía en fase preeliminar, desde que se desató el escándalo, el ascenso de Martínez se ha visto cada vez más complicado.

Este miércoles 5 de junio se discutirá su caso en el Congreso, pero será de forma aislada de los de otros uniformados que subirán de rango.

De no aprobarse su caso, advierten algunos, el general de cuatro soles tendría que salir del mando porque alteraría su estructura.