Economía
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La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos manifestó su preocupación antes de las manifestaciones contra el Gobierno Duque.
El representante de esa oficina en el país, Alberto Brunori, destacó que no debería ser necesaria la presencia de militares al tiempo que recordó:
“De acuerdo con las normas y los estándares internacionales, la atención a situaciones de disturbios que podrían derivar de protestas o manifestaciones públicas, así como el mantenimiento del orden público, son responsabilidad de los cuerpos policiales”.
“La Oficina nota con preocupación la expedición en las últimas horas de varios decretos, circulares e instructivos que contemplan la posibilidad que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda y el apoyo militar para el control de orden público”, agregó.
Desde el lunes, soldados del Ejército con fusiles fueron vistos en varias avenidas de Bogotá tres días antes de la jornada de protestas sociales del jueves, lo que causó sorpresa y zozobra en los ciudadanos.
Sin embargo, el Gobierno, que el lunes anunció una serie de medidas para mantener el orden el día de las protestas, afirmó que no se trata de una militarización sino de un apoyo a la Policía en sus patrullajes diarios.
En ese sentido, Brunori explicó que “los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las Fuerzas Militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento, y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles”.
En medio de las tensiones por la jornada del jueves, defensores de derechos humanos denunciaron este martes que la Policía hizo allanamientos en Bogotá, Medellín y Cali a viviendas de líderes que promueven las manifestaciones.
Asimismo, el medio digital cultural Cartel Urbano fue allanado por policías con el argumento de que en sus instalaciones se guardaban explosivos y material impreso para causar desórdenes.
Al respecto, Brunori detalló que la oficina “recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, cinco en Cali y cuatro en Medellín a domicilios y oficinas, algunas de ellas de organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos de comunicación”.
“Hasta el momento tenemos información que solo dos personas habrían sido detenidas en el marco de estos allanamientos. Estos allanamientos aparentemente provienen de diferentes investigaciones, abiertas en distintas fechas, con respecto a hechos ocurridos en diferentes momentos, y cuya orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las marchas”, advirtió.
Según los convocantes, el Gobierno de Duque prepara un “paquetazo” de medidas que causarán fuerte impacto económico y social en los trabajadores, como eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas.
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