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Los hechos ocurrieron el 14 de abril del 2002, cuando el hoy exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez hacía campaña para la presidencia en Barranquilla.
El Consejo de Estado decidió que la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional serán los responsables de resarcir a la familia.
Serán 977 millones de pesos los que deberán desembolsar, considerando que el atentado contra el entonces aspirante presidencial Álvaro Uribe, y atribuido a las Farc, “era un hecho previsible, toda vez que el candidato había sido objeto de amenazas y otros atentados contra su vida”.
(Vea también: ¿Quién es Álvaro Uribe Vélez, el elector decisivo de Colombia en las últimas dos décadas?)
Asimismo, la demanda señala que el Ejército, la Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla “no tomaron las medidas de seguridad que deberían haber establecido a favor de la vida y la seguridad del aspirante y de las personas que estaban cerca de la caravana que fue atacada en esa jornada”.
El Consejo de Estado recuerda que el Tribunal Administrativo del Atlántico ya había negado la demanda, argumentando que no se había demostrado que el atentado “estuviera dirigido contra una persona o establecimiento protegido por las entidades demandadas o contra inmuebles del Estado que pudieran ser considerados blancos militares o que se hubiera probado que se dio por haberse rehusado a controlar el orden público”.
Sin embargo, la familia apeló ante el alto tribunal, el cual encontró que efectivamente “existía información conocida por la Policía que indicaba el peligro que existía sobre posibles atentados contra el entonces candidato”.
“No obstante ello, hay testimonios que indican que la coordinación de la seguridad fue tardía; que la entidad no tuvo conocimiento previo de la ruta que seguiría la caravana, sin poder explorar las condiciones de seguridad y tomar las medidas preventivas del caso; tampoco se pudo asegurar que la actividad se adelantara en los sitios que representaran el menor riesgo y se terminó tomando la ruta que originaba el mayor peligro”, agrega el fallo.
Por último, confirma que la Sijín contaba con información de atentados no solo contra Uribe Vélez, sino también contra su rival en las elecciones, Horacio Serpa, quien falleció el pasado 31 de octubre.
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