Ministros de Defensa y Justicia dicen verdades a ‘Pinocho’ sobre su oferta de entrega

El general Jorge Mora e Iván Cancino respondieron a la orden del presidente De la Espriella de coordinar en una semana la entrega del cabecilla de las ACSN.

Una tarea colosal para cumplir en una semana les puso el presidente Abelardo de la Espriella a sus ministros de Defensa, general Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino. Los dos deben coordinar, según los términos del mandatario, en ese “plazo imperativo” la entrega a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De la Espriella reaccionó así al ilusionante titular de una entrevista de Semana con el jefe del grupo armado que sugiere su inminente rendición. Pero por detrás de esa oferta hay claras condiciones, y eso es precisamente lo que no quiere aceptar el jefe de Estado.

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“Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias”, les dijo el presidente a sus ministros. “Si no se entrega y continúa desafiando al Estado, cometiendo delitos y causando daño, se ordenará su detención conforme a la ley”. La misión encomendada pareciera pan comido a juzgar por la manera como la revista tituló el artículo: “Presidente, estoy dispuesto a entregarme”. Sin embargo, en el contenido se encuentran las piedras que pueden encontrar en el camino de los ministros Mora y Cancino.

Alias ‘Pinocho’ dice hasta cuántos años de cárcel quiere pagar

“Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías”, dijo, de entrada, Castillo Carrillo, hermano de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, jefe máximo de las ACSN, preso en la cárcel La Picota. “¿Quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia?”, se preguntó en la entrevista. Y cuando la revista le inquirió entonces sobre cuántos años estaría dispuesto a pagar de cárcel, no dudo en responder: “Cinco años de cárcel”.

“Estoy dispuesto a entregarme”, insistió alias ‘Pinocho’ en Semana, pero siguió planteando condiciones. “Me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. […] Si hay una ley de sometimiento a la justicia, unas garantías, me entrego, ayudo, aporto para que se sepan muchas verdades que Colombia debe saber”.

Pero precisamente fue por la ausencia de un marco jurídico, la falta de una ley de sometimiento, que el proceso de negociación de las ACSN y otras organizaciones criminales fracasó con el gobierno de Gustavo Petro. Considerando que la administración de De la Espriella ha mostrado en su primer mes un espíritu realmente ejecutivo y que sus ministros ponen manos a la obra no bien el presidente les asigna tareas, resulta en todo caso imposible que Mora y Cancino puedan tener listo en una semana ese marco jurídico que pide alias ‘Pinocho’ para entregarse.

“Me gustaría que hubiera una ley para cumplir las penas y se logre una paz real. Le digo al presidente que estoy dispuesto a someterme a la justicia de Colombia y de Estados Unidos”, ofreció Castillo Carrillo en la revista, aunque después dejó ver con claridad el pragmatismo que de todas maneras gobierna a quienes permanecen al margen de la ley. “Pero él, como presidente y buen abogado […], debe saber que yo tampoco voy a entregarme a la justicia sin saber cuántos años voy a pagar de cárcel. Ojalá cree esa ley. Entregarme sin saber qué va a pasar con mi futuro es difícil”.

Origen paramilitar y población civil como escudo humano

Luego, hizo dos afirmaciones que desvelaron la realidad del grupo armado. “Decir que [De la Espriella] me va a bombardear, que me va a matar, lo puede hacer, meterme en una bolsa, pero eso no va a acabar con las ACSN ni con el conflicto en la Sierra Nevada o Colombia”, dijo alias ‘Pinocho’, con la intención de mostrarse como un actor del conflicto armado y desprenderse de la naturaleza de delincuencia común de su grupo, señalada, entre otros, por ONG como la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Según la FIP, las ACSN son el resultado de décadas de transformaciones del crimen organizado en la Sierra Nevada de Santa Marta, con una historia estrechamente ligada a la evolución de las estructuras armadas que surgieron tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona, subestructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y a la consolidación de un modelo de control territorial basado en el dominio de economías legales e ilegales, la regulación de la vida cotidiana y el ejercicio de violencia sobre las comunidades.

Esa caracterización de las ACSN guarda similitud con la que hizo la fundación Paz y Reconciliación (Pares) al establecer los elementos constitutivos de ese grupo armado, según la cual el objetivo declarado de las ACSN es nominalmente el de autodefensa territorial en expansión, sin intención de participación política representativa. Su estructura es pequeña y estable con incidencia en 24 municipios, la defensa territorial como patrón de violencia dominante, y con peso significativo regional en economías ilícitas.

En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advertía “el riesgo grave de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) en el departamento de Norte de Santander”, proveniente de la expansión territorial y consolidación de las ACSN en los municipios de Cáchira y La Esperanza. Las manifestaciones de violencia de este grupo sucesor del paramilitarismo y que incursionó bajo la narrativa de ofrecer “seguridad” contra la delincuencia común, según la Defensoría, incluyen homicidios selectivos y ejemplarizantes, amenazas a servidores públicos, reclutamiento forzado, ocupación de escuelas y retenes ilegales en vías públicas.

La segunda afirmación en Semana de alias ‘Pinocho’ no deja de ser chocante por el tufillo de chantaje que expele, así tenga un alto contenido de realismo, y prueba que la población civil es usada como escudo humano por las organizaciones criminales: “Aquí, cualquier incursión militar que haya pone en riesgo a los campesinos, a los indígenas y a quienes viven del turismo. En la Sierra Nevada no hay coca ni base de coca, no hay injerencia del narcotráfico. Aquí se vive del turismo”.

Ministros responden al presidente, y a alias ‘Pinocho’

Al día siguiente, el ministro de Defensa y el Ministerio de Justicia le respondieron al presidente De la Espriella acatando su orden, pero con cautela. “Si este individuo persiste en sus acciones delictivas y se dan las condiciones previstas por la ley para el uso legítimo de la fuerza, la Fuerza Pública actuará con decisión, respetando el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento. No habrá impunidad ni permisividad. Habrá firmeza, coordinación y respeto al estado de derecho”, advirtió el general Mora.

El uso legítimo de la fuerza, y eso lo debe tener presente alias ‘Pinocho’, permitió el abatimiento de alias ‘Bendito Menor’, entre la noche del jueves 3 y la madrugada del viernes 4 de septiembre. El delincuente era uno de los cabecillas de las ACSN, estructura que también fue conocida con anterioridad como ‘Los Pachenca’. Alias ‘Bendito Menor’ delinquía en sectores importantes del norte del país. Tanto en la Sierra Nevada de Santa Marta, como en zonas urbanas y rurales de Magdalena, Cesar y La Guajira, con presencia reportada en municipios como Maicao.

El Ministerio de Justicia, por su parte, se dirigió directamente a alias ‘Pinocho’ y le recordó que el ordenamiento jurídico colombiano establece los mecanismos y procedimientos para someterse a la justicia. “El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”, le dice.

“No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, agregó la cartera de Justicia sin permitir la más mínima rendija por la que se pueda colar la idea de alias ‘Pinocho’ de pagar solo cinco años de cárcel. Es decir que será la justicia la que, en el marco del debido proceso, establecerá la pena que deba cumplir el delincuente si lo encuentra culpable de los delitos que se le imputan, y no al revés.

Y termina con una aseveración que no deja ver por ningún lado la intención de tener lista, y mucho menos en una semana, ninguna ley de sometimiento, como pide el jefe de las ACSN. “El Gobierno nacional mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales. Quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos. El Ministerio de Justicia invita a alias ‘Pinocho’ a materializar su intención y seguir el procedimiento legal correspondiente. La institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley”.