Economía
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Varios de los altos servidores públicos del Gobierno enfrentarían una denuncia que anunció el senador Miguel Uribe por el posible uso indebido de recursos.
El senador lleva varios días criticando las manifestaciones que convocó el Gobierno Nacional para el miércoles 27 de septiembre; incluso, advirtió que la presencia de Gustavo Bolívar en ellas podría ser ilegal.
Miguel Uribe ha rechazado las actuaciones del presidente, en especial porque cree que, pese a que dice querer un acuerdo nacional, en realidad quiere “imponer sus reformas” y consideró que el discurso que dio en la Plaza de Bolívar luego de la jornada de marchas estuvo “lleno de resentimiento, de odio y palabras violentas”.
(Vea también: Miguel Uribe no le copia al “acuerdo nacional” de Petro: “Está lleno de resentimiento”)
La posición del congresista frente a las movilizaciones es que “estas marchas rayan con la corrupción, la falta de ética y, sin duda, son un derroche de recursos públicos” y por ello anunció una acción legal.
El senador del Centro Democrático acudirá a la Contraloría para denunciar presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos para financiar las marchas y garantizar una masiva asistencia.
Los funcionarios que deberán responder, dice Semana, son el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega. La acción también cobija a la secretaria general del Ministerio del Interior, Yamel Ruiz Orjuela, y el secretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Daniel María Medina.
El medio detalló los montos que cada uno de ellos habría gastado:
(Vea también: Bolívar marchó y dice que no hizo política, pero le advierten cuál ley podría romper)
A propósito de la polémica de la ANT, el senador sumó un video en el que unos ciudadanos que dicen representar a los pueblos afro están molestos porque marcharon durante toda la jornada, pero cuando quisieron volver a casa no fue posible porque “no les habían pagado” el servicio a los conductores de los buses.
Según dijeron, esa responsabilidad recaía en la Agencia Nacional de Tierras, que los invitó a marchar.
Entre tanto, la gerente de RTVC respondió en W Radio a la polémica asegurando que podría subcontratar con otras compañías:
“RTVC, además de ser central de riesgos es agencia BTL y ATL, el Sistema de Medios Públicos está facultado por la ley para prestar todos los servicios asociados a la comunicación y entre ellos está contratar directamente o a través de terceros estos servicios que comprenden la difusión de diferentes medios públicos, privados, radio, prensa y digital”.
Aun así, la Procuraduría ya anunció que indagará presuntas irregularidades en la celebración de ese contrato.
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