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La lista, que ha sido difundida en medios y ha generado controversia, la hizo el concejal de Cambio Radical José David Castellanos.
De acuerdo con Castellanos, aunque parte de la discusión se ha centrado en la venta de la ETB que contempla el Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Peñalosa —que debe ser aprobado por el Concejo—, él ha encontrado otros 9 “polémicos artículos” en el documento:
De aprobarse el artículo 65: “Se abre la posibilidad de que el Distrito venda su participación en esta EPS” del régimen subsidiado de Bogotá, mayor deudora de los hospitales públicos de la capital, y cuya administración está cedida a su socio minoritario Salud Total, dice el Concejal.
Para eso, los conductores tendrían que pagar una contribución que podría ser de 4 millones de pesos anuales, es decir, unos 333 mil pesos al mes, según ha explicado el Alcalde en las últimas horas. Esto, además, aparentemente hace parte de la medida de cobros por congestión que contempla el artículo 71.
Así lo indica el artículo 72, en el que según Castellano “se autoriza al Alcalde a instalar peajes dentro de Bogotá como medida para controlar el tráfico, pero también para financiar el desarrollo vial”. Sin embargo, no se especifica si los peajes se construirán en nuevas vías o en las existentes como, por ejemplo, la Autopista Norte.
Esto implicaría que la tarifa de los estacionamientos aumente, por hora, hasta en 4 mil pesos (pues la “contribución al uso de parqueaderos no podrá superar el de 2 pasajes en un sistema masivo). La medida aparece en el artículo 73.
El Concejal asegura que el artículo 96 abre la posibilidad al Distrito de reportar en centrales de riesgo financiero a los ciudadanos que no paguen los impuestos. Castellanos añade que, de aprobarse esta propuesta, los más afectados serían los que evaden el impuesto predial por “la pobreza oculta, es decir, la gente que tiene sus casas por tradición, pero muy difíciles condiciones económicas para enfrentar la carga tributaria”.
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“El alcalde solicita funciones extraordinarias para reformar la administración sin que surta el tradicional proceso de ser discutido en el Concejo de Bogotá. El artículo 106 no especifica sobre qué sectores se haría la reforma y habilita al alcalde a suprimir, fusionar o crear cualquier entidad de la administración durante 12 meses”, explicó el Cabildante.
Se está solicitando a través del artículo 111, y corresponde a 7 obras que debían entregarse el año pasado. Aunque no se mencionan, entre estas, estaría el deprimido de la calle 94.
Esa empresa es la que desarrolla los trenes de cercanías con Cundinamarca y de vender las acciones que Transmilenio tiene en esta, Bogotá quedaría sin la posibilidad de incidir en proyectos de movilidad e integración regional como el tren de cercanías de la capital hacia Facatativá, puntualizó Castellanos.
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