Fallo judicial frena desalojo de 72 familias campesinas en finca La Ilusión y abre debate por la tierra

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia ha tomado una decisión crucial al ordenar a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) detener cualquier intento de desalojo de los jornaleros, en su mayoría pertenecientes a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), que residen en la finca La Ilusión, ubicada en la vereda El Cuzco del municipio de Montenegro. La medida fue adoptada tras la admisión de una acción de tutela presentada por Mora Flor. Según el documento judicial, la acción busca proteger los derechos fundamentales de las más de 70 familias que ocupan el predio, muchas de las cuales derivan su sustento de la agricultura y han habitado el terreno durante más de una década. El accionante advierte que el desalojo podría desencadenar un daño grave e irreparable, implicando la pérdida de la vivienda, la fragmentación de los núcleos familiares y un golpe irreparable a su derecho a una vida digna, al trabajo y a la asociación.

Por su parte, la SAE argumenta que avanza en un procedimiento administrativo para recuperar la finca al considerar que la ocupación es irregular y no cuenta con títulos de propiedad válidos. Sin embargo, el Juzgado requirió a la SAE la presentación de todo el expediente electrónico sobre el proceso policivo relacionado con La Ilusión y dejó claro que, mientras no se resuelva la acción de tutela, no es posible ejecutar el desalojo.

La tensión aumentó cuando el viernes 14 de noviembre los habitantes recibieron la notificación de la orden de salida. Desde muy temprano ese día, representantes de la SAE y unidades policiales se hicieron presentes en el predio para intentar materializar el operativo, lo que provocó alarma entre los jornaleros. La diligencia planeaba desalojar a 72 familias, dedicadas principalmente al cultivo de plátano, café y limón.

El conflicto por la tenencia legal del predio tiene antecedentes documentados. Aunque existe constancia del contrato de arrendamiento N.º 121, firmado el 13 de octubre de 2013 y registrado por la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, este acuerdo venció en 2016, sin que se efectuara su renovación o la entrega formal del terreno a la SAE. Durante este periodo, la Anuc mantuvo la administración y ha alegado que no se han propiciado garantías de diálogo ni acuerdos para una eventual transición.

La acción de tutela vincula también a otras entidades como la dirección territorial Occidente de la SAE, el municipio de Montenegro, la Agencia Nacional de Tierras y la Defensoría del Pueblo. Para José Duván Rojas, vicepresidente de la Anuc Quindío, el caso trasciende la legalidad del contrato y se enmarca en la necesidad de cumplir el programa de reforma rural integral plasmado en la Ley 902 de 2017, aprobada tras los Acuerdos de La Habana. Rojas enfatiza que la mayor parte de los continentes del predio son campesinos que aspiran a acceder formalmente a la tierra, amparados bajo los beneficios que estipula dicha legislación.

No es la primera vez que la comunidad campesina enfrenta intentos de desalojo en La Ilusión. Según explican sus voceros, a pesar de las amenazas repetidas de expulsión, no se les han ofrecido garantías de diálogo ni alternativas habitacionales o de sustento. Para ellos, el proceso evidencia la ausencia de políticas efectivas que compatibilicen los derechos de quienes han trabajado la tierra con las funciones administrativas de recuperación de bienes por parte de la SAE.

La decisión del Juzgado Cuarto Laboral de Armenia, al suspender la diligencia de desalojo de forma provisional, apunta a que se valoren las condiciones sociales, jurídicas y humanas de los afectados, priorizando la defensa de sus derechos fundamentales mientras se resuelve el proceso de fondo.

¿Qué implica la figura de la “acción de tutela” en Colombia para la protección de derechos fundamentales? La acción de tutela es un mecanismo legal colombiano que busca la protección inmediata de derechos fundamentales cuando estos se consideran amenazados o vulnerados. Su relevancia radica en su capacidad para suspender procedimientos administrativos o judiciales, como en el caso de los jornaleros de La Ilusión, mientras un juez estudia de fondo la controversia y dicta una decisión definitiva sobre la protección solicitada.

Este instrumento es especialmente importante en contextos de conflicto social y acceso a tierras, ya que ofrece una vía expedita para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan exigir protección de sus derechos frente a acciones de entidades públicas o privadas. El uso de la tutela en casos agrarios como el expuesto evidencia su papel en la garantía de derechos sociales y económicos básicos, pendientes aún de resolución en muchas regiones rurales de Colombia.