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Esa fue la advertencia que le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz a la excombatiente de la guerrilla Omaira Rojas Cabrera, para mantenerle los beneficios.
“En el caso de Rojas Cabrera su aporte a la verdad plena, exhaustiva y detallada está enmarcado en el rol que desempeñó cuando se encargó de administrar las finanzas de la antigua estructura guerrillera que operó en el bajo y medio Caguán”, en el departamento sureño del Caquetá, detalló la JEP en un comunicado.
En el texto, añadió que si ‘Sonia’ se niega a “participar de una diligencia de aporte a la verdad, que involucra una conducta que ha permeado a todo el país, podría traducirse en una negación de los derechos de las víctimas, la sociedad y de las garantías de no repetición”.
“El aporte a la verdad que puede realizar Rojas Cabrera respecto de la conducta de narcotráfico es de un notorio interés y relevancia, incluso necesario, para así desentrañar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que implicaron su comisión, de cara a obtener un mayor entendimiento de dicho fenómeno, que fue sin duda una de las fuentes de financiación de las Farc“, expresó el alto tribunal.
Igualmente, la JEP manifestó que “el capítulo de la economía de guerra uno de los que espera ser develado en el contexto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”. En 2019, la JEP pidió expulsarla de ese tribunal por error.
En enero de 2019, el alto tribunal la dejó en libertad condicionada, quien purgó una condena de 11 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y estaba recluida en Colombia por lavado de activos desde que regresó al país en 2018.
La exguerrillera fue arrestada en Caquetá en 2004 cuando portaba armas, dinero y 40 kilogramos de cocaína, y fue acusada de participar en el envío de 600 toneladas de esa droga a Estados Unidos.
En 2005 ‘Sonia’ fue extraditada a EE.UU., donde el magistrado que llevó su caso la señaló como supervisora de una actividad de narcotráfico que incluyó el transporte de al menos 150 kilogramos de cocaína a ese país empleando un avión no comercial.
Al terminar de cumplir su condena el 25 de septiembre de 2018 Rojas fue deportada desde Estados Unidos y las autoridades de Colombia la detuvieron en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Días después, quedó en libertad condicional.
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