Condena histórica: 12 exmilitares sentenciados por 135 crímenes bajo estricta justicia restaurativa en Colombia

El 18 de septiembre de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó una sentencia histórica al declarar responsables a 12 exmilitares del Batallón de Artillería No. 2 La Popa por 135 asesinatos y desapariciones forzadas en los departamentos del Cesar y La Guajira durante el conflicto armado colombiano. De acuerdo con la magistrada Ana Manuela Ochoa, la Sección de Reconocimiento de Verdad impuso la sanción máxima prevista por el régimen propio de la JEP: ocho años de restricción de movilidad y actividades, con reducciones proporcionales acordes al tiempo previamente cumplido en la justicia ordinaria (según reportó El Pilón).

Esta decisión judicial trasciende la lógica de una simple condena, ya que se inserta dentro de un novedoso modelo de justicia restaurativa. El castigo contempla restricciones supervisadas, busca la reincorporación de los responsables y propicia la reparación directa a las víctimas. A diferencia de los casos tramitados contra excombatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la JEP consideró la gravedad de las conductas de los exmilitares y su recorrido judicial previo, estableciendo sanciones mínimas de cinco años y reafirmando la máxima de ocho años, con exigencia de cumplimiento íntegro y control estricto (según El Pilón).

El cumplimiento de estas sanciones está vigilado por un sistema multidimensional. Incluye monitoreo digital mediante dispositivos con software diseñado para impedir manipulaciones, inspecciones en campo realizadas por equipos de la JEP, revisión estratégica de la Misión de Verificación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), y la participación de la veeduría ciudadana, a la que se suman víctimas y autoridades territoriales. La Procuraduría apoya dichas inspecciones, con el fin de brindar un control académico y gubernamental. Según la magistrada Ochoa, ninguna prisión en Colombia cuenta con estos altos estándares internacionales de justicia restaurativa y control permanente (El Pilón).

La sentencia sitúa a Colombia en un modelo de justicia transicional orientado a equilibrar verdad, sanción y reparación, alineado con parámetros internacionales señalados por la ONU. La reclusión residencial de los condenados en un inmueble asignado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Valledupar responde a la lógica de facilitar una vigilancia adecuada y requiere que el Gobierno expida los decretos necesarios para asegurar las condiciones de habitabilidad, seguridad y alimentación durante el período sancionatorio, según lo reseñado por El Pilón.

Este proceso destaca interacciones específicas de la justicia transicional en Colombia, diferenciándolas de otras experiencias, como las sanciones a exintegrantes de las FARC, que han sido objeto de debates sobre proporcionalidad. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, subrayó que el descuento aplicado por trabajos reparadores anticipados implica una fórmula compleja que considera el impacto restaurativo de dichas actividades, evidenciando la minuciosidad del procedimiento y el compromiso restaurativo que fundamenta el modelo especial (en palabras citadas por El Pilón).

La relevancia de este caso radica en la articulación de condena, reparaciones y un seguimiento constante que ofrece responsabilidades tanto a los victimarios como a la sociedad y al Estado. Expertos consultados por instituciones internacionales y la Fundación Internacional para Sistemas de Justicia Restaurativa destacan como un hito la inclusión activa de las víctimas y la sociedad civil en el monitoreo y control de las sanciones, consolidando un ejemplo valioso para contextos similares de reconciliación y memoria histórica.

Finalmente, la puesta en marcha de esta sentencia ocurre en un entorno donde la JEP ha solicitado más recursos y regulación para sostener el modelo restaurativo. Diversos reportajes han señalado que la eficacia del sistema depende tanto de las decisiones judiciales como del respaldo estatal en financiación, infraestructura y normativa, elementos cruciales para prevenir la impunidad y avanzar hacia la consolidación de una paz sostenible (según reiteró El Pilón).

En conclusión, la sanción dictada contra los exmilitares del Batallón La Popa representa un hito en Colombia, no solo por su valor histórico, sino por demostrar que la justicia puede ser restaurativa, exhaustiva e inclusiva, sometida a comprobación internacional y con impacto directo en la reparación del tejido social.

¿Qué implica un modelo de justicia restaurativa en el contexto colombiano?
A raíz del conflicto armado, Colombia optó por la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que constituye un sistema de justicia transicional enfocado en la restauración del daño causado a las víctimas, en vez de limitarse a castigos punitivos. El modelo aplicado en este caso va más allá de la prisión tradicional, incorporando la reparación material, simbólica y la participación activa de víctimas y sociedad en la vigilancia y cumplimiento de las sanciones. Esta orientación diferenciada responde tanto a obligaciones internacionales, como a lo exigido por colectivos víctimas, que buscan respuestas integrales y duraderas.

La justicia restaurativa en Colombia ha sido objeto de análisis y debates, ya que plantea retos logísticos y éticos concretos. Por ejemplo, requiere la colaboración efectiva entre Estado, órganos de justicia, víctimas y organizaciones internacionales, y demanda recursos y normativas robustas. El desafío consiste en asegurar que la reparación y verdad entregada efectivamente contribuyan a la reconciliación nacional y prevengan la repetición de los hechos violentos que han marcado al país por décadas.

¿Cómo se monitorea el cumplimiento de las sanciones en la justicia transicional?
Un elemento destacable en la sentencia contra los exmilitares es el sofisticado sistema de vigilancia implementado para asegurar el cumplimiento efectivo de las restricciones ordenadas. El control incluye dispositivos electrónicos diseñados específicamente para evitar alteraciones, junto a verificaciones personales a cargo de equipos técnicos de la JEP y el acompañamiento continuo de observadores de la Misión de Verificación de la ONU.

El sistema es complementado con la intervención activa de la sociedad civil, autoridades locales y la Procuraduría, lo que asegura mayor transparencia y permite el seguimiento permanente. Esta combinación de mecanismos constituye una innovación frente a los modelos penitenciarios tradicionales, ya que prioriza la garantía de los derechos de las víctimas y se adapta a los requerimientos internacionales en materia de justicia restaurativa y transicional.