Asesinan al que hable por celular y denuncie, dice habitante de caserío sitiado en Chocó

Naturalmente, la persona pidió proteger su identidad, pero entregó detalles de cómo están viviendo en varios caseríos de Bojayá desde el pasado 31 de diciembre.

La mujer vive específicamente en Pogue, que junto a Cuia, Loma de Bojayá y Corazón de Jesús permanecen en un confinamiento por cuenta del enfrentamiento de entre el Eln y las Agc (o ‘clan del Golfo’), para quedarse con el control del territorio.

Por eso, en medio del temor por la presencia de hombres armados cerca de sus viviendas, le contó a Blu Radio:

“La gente no puede comunicarse y están amenazado a todo el mundo. La persona que se logre comunicar vía teléfono y que denuncie lo que está pasando, la asesinan. (…) Ese grupo está en la comunidad y esos actores están en todo el río. Lo más crítico es Pogue y Cuia donde es urgente un acompañamiento internacional”.

Otra mujer de Bojayá coincidió en Caracol Radio en que la comunidad “está completamente confinada” y por eso exige el apoyo de la comunidad internacional “para evitar más desangre” y “porque no se quiere confrontación armada” u otra tragedia.

Entre tanto, Blu asegura que a la valiente mujer que les hizo la denuncia se le quiebra la voz mientras relata la “situación tan sistemática y dolorosa”, pues asegura haber vivido la masacre en Bojayá, en 2002, y se siente impotente. Además, afirma que ya ni pueden ejercer la agricultura, que es el sustento de la región.

Pero no es su único reparo, pues dice que en esas poblaciones reina la zozobra “porque hace rato se rumora que los paramilitares van con lista para asesinar a la comunidad”.

Los habitantes exigen presencia del Estado, aunque dudan que la militarización sea la mejor opción.

Además, otra persona le contó a El Espectador que incluso ya comenzaron a escasear los víveres porque no han podido trasladarse a las zonas rurales a conseguirlos.

Pero, además, “el paso de mercancía y alimentos también es restringido ante la sospecha de que los recursos sean enviados para apoyar al bando contrario”, puntualizó Semana.

Pese a todas esas afirmaciones, “el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército —que opera en la región— negó que hubiera limitaciones a la movilidad de la población”, afirmó ese diario.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reveló en Twitter que desde hace tres meses advirtieron al Gobierno que esos grupos armados se estaban enfrentando en la zona y tienen en riesgo también a la población de Napipí, Doguadó y Opogadó, en Chocó.

“La mitigación del riesgo debe comprender los esfuerzos de la totalidad del Estado disuadiendo a ambos actores, desarticulando las estructuras y generando condiciones de vida para los pobladores”, añadió la entidad.

Este jueves se adelantó un consejo de seguridad en la zona. Se espera que las autoridades y las Fuerzas Militares entreguen un plan para atender a los desplazados y otro para llegar a las 600 personas que están confinados hace tres días.