Petro excluyó a 'Jhon Mechas' como delegado de las disidencias y ahora podrán capturarlo

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El gobierno pidió que continúen las operaciones militares y policiales que permitan dar con la captura del exguerrillero.

El gobierno decidió dar un paso atrás y ahora pidió que continúen las operaciones militares y policiales que permitan dar con la captura de alias Jhon Mechas. El disidente de las Farc gozaba del beneficio de suspensión de orden de captura como parte de un procedimiento que permitiera subirlo al bus de la paz total.

(Vea también: Petro sí podría darles estatus político a disidencias de las Farc y no necesitaría preguntar)

Este miércoles el presidente Petro firmó la resolución 039 de 2023 que, en otras palabras, es la petición para que la Fiscalía levante la orden de captura contra 19 disidentes del denominado Estado Mayor de las Farc con el fin de que se acerquen a la tropa a evaluar la posibilidad de sumarse a la paz total.

Entre los nombres, uno de los excluidos es Javier Alonso Velosa alias ‘Jhon Mechas’, quien es señalado de atentar contra el helicóptero en el que se movilizaba el presidente Iván Duque en Norte de Santander y que además sería uno de los alfiles del jefe disidente ‘Iván Mordisco’.

La decisión del presidente Gustavo Petro supone una contradicción. El 9 de febrero pasado, el gobierno pidió al fiscal Francisco Barbosa que suspendiera la captura de ‘Jhon Mechas’ porque el subversivo sería uno de los delegados de las disidencias en los primeros acercamientos con el Ejecutivo.

“La designación como miembros representantes del Estado Mayor Central de las Farc no implicaba suspensión de investigación judicial alguna, ni una amnistía o indulto”, había argumentado el comisionado de paz, Danilo Rueda.

(Lea también: Dos ministros ven dificultades para entregarle estatus político a ‘Iván Márquez’)

Con la decisión más reciente, las órdenes de captura contra Jhon Mechas quedaron reactivadas. Contra el señalado criminal reposa una circular roja de la Interpol y la Policía de Colombia ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.

Los 19 disidentes restantes –que sí contarían con la suspensión de órdenes de captura– ahora deberán reunirse con los distintos mandos para definir sus delegados en una eventual mesa de conversaciones con el gobierno.

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