Gobierno alista plan con Claro y más operadores en Colombia para acabar llamadas peligrosas

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

El Ministerio de Justicia alista medidas para bloquear llamadas ilegales desde cárceles y frenar extorsiones, estafas y órdenes criminales desde prisión.

El Gobierno colombiano puso en marcha una mesa de trabajo con los principales operadores de telefonía móvil para buscar soluciones que permitan impedir el uso ilegal de celulares desde las cárceles del país. La iniciativa busca afectar las comunicaciones empleadas para cometer extorsiones, estafas y coordinar actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.

(Le puede interesar: [Video] Nueva modalidad de robo de celulares en moto; usan maniobra para impedir persecución en Bogotá)

La reunión contó con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino González; la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y representantes de empresas como Claro y WOM, entre otros operadores del sector.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue revisar las medidas que ya existen para restringir las comunicaciones no autorizadas dentro de los centros penitenciarios. Las autoridades también examinaron por qué algunas de estas herramientas todavía no permiten un control suficiente sobre las llamadas y demás comunicaciones.

El problema tiene una dimensión que va más allá de las cárceles, pues las autoridades han recibido denuncias de ciudadanos que son contactados desde números desconocidos mediante mensajes que buscan establecer una conversación y posteriormente conducir a posibles estafas o extorsiones. Un ejemplo frecuente son los contactos en los que se asegura que al destinatario le llegó una hoja de vida o un supuesto mensaje relacionado con una oferta laboral.

(Lea también: El enemigo oculto de su celular: la ‘app’ que le acaba de gastar la batería sin que lo note)

La discusión entre el Gobierno y las compañías de telefonía también abordó los obstáculos técnicos, jurídicos y operativos que deben superarse para fortalecer las restricciones. Los operadores expusieron sus inquietudes y alternativas, mientras los ministerios de Justicia y TIC avanzaron en la definición de acciones conjuntas.

El propósito de la estrategia es evitar que personas privadas de la libertad puedan utilizar dispositivos móviles u otros sistemas de comunicación para mantener actividades delictivas fuera de los centros penitenciarios.

La Policía Nacional y el Ejército Nacional también harán parte de este trabajo, con el objetivo de coordinar acciones contra las estructuras criminales que continúan operando desde las prisiones.

Por ahora, el Gobierno no ha entregado detalles sobre cuáles serán las nuevas medidas ni cuándo comenzarán a aplicarse. Los ministerios involucrados señalaron que esos aspectos se conocerán en los próximos días, una vez avancen las evaluaciones técnicas y operativas con las empresas de telefonía.