Gobierno salió a entregar cuentas de posconflicto, luego de contratos con dinero de la paz

Lo hizo el presidente Iván Duque en compañía del alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, que es quien está al frente del tema.

En el habitual consejo de ministros durante la pandemia, el jefe de Estado invitó a Archila para hablar sobre la implementación de la paz, justo después de que le cuestionaran el gasto de los recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz.

El primero de ellos la semana pasada, en el que la Presidencia firmó un contrato por 3.350 millones de pesos para posicionar la imagen de Duque en redes sociales.

Mientras que el segundo se conoció en las últimas horas y con el que se destinaron 480 millones de pesos con el fin de medir el índice de aprobación del gabinete de Duque también con dinero del Fondo de Paz.

Por eso, el Gobierno quiso bajarle la temperatura a las críticas y fueron varios los resultados que Archila entregó para señalar que se han beneficiado a las 8.900.000 víctimas durante dos meses.

Según el alto funcionario, han atendido 10 emergencias humanitarias, han cubierto 2.000 hogares con ayudas y se les ha dado respuesta a 750.000 personas que necesitaron apoyo por ser desplazados de la violencia.

También dijo que con el programa ‘Familias en acción’ se benefició a 880.000 personas y que la Unidad de Restitución de Tierras evito la afectación para las etnias.

Luego se habló de los 13.000 excombatientes que continúan en proceso de reincorporación a la vida civil, a quienes se les ha dado el 100 % del apoyo financiero, aseguró Archila, y dijo que el 85 % de ellos ya están dentro del Sistema Nacional de Salud.

Además, agregó que el Gobierno ha protegido a quienes continúan en los antiguos ETCR limitando el ingreso y la salida a esos lugares, a donde también llevaron 8.600 kits de higiene para que continúen los 52 proyectos productivos colectivos y lo 1.300 individuales en curso.

No obstante, esa seguridad que asegura estar brindando el Gobierno contrasta con las cifras entregadas por la ONU en las últimas horas, pues aseguró en un comunicado que “ya son 24 los casos de asesinatos, en 2020, de quienes están comprometidos con su proceso de reincorporación”.

Esto, justamente por el homicidio de Wílder Daniel Marín, miembro de la Farc, ocurrido en Bello, el pasado sábado. Según el partido, el cuerpo de Marín fue encontrado “envuelto en un colchón en llamas” en el barrio de Cabañas, de ese municipio.

El exguerrillero desmovilizado estudiaba para ser auxiliar contable en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y hacía su reincorporación como asociado a la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz (Cootepaz).

La Misión de la ONU denuncia que desde el 25 de marzo, cuando Colombia empezó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, seis exguerrilleros desmovilizados y al menos 32 líderes sociales han sido asesinados en este país.

La explicación completa de Archila a partir del minuto 26: