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El coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, dijo que no está impedido para seguir al frente del proceso contra el expresidente.
La Fiscalía dijo en un comunicado que Jaimes no atendió la solicitud presentada en su contra por el senador Iván Cepeda Castro, porque considera que no se cumplen las causales para separarse de la investigación al exsenador por presunto fraude procesal y soborno de testigos.
La situación se presenta luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, le encomendó el caso a Jaimes pero Cepeda, víctima en el proceso, lo recusó.
Jaimes también señaló que la autonomía e imparcialidad en el proceso están garantizadas y aseguró que la “posición de jerarquía que ejerce el Fiscal General de la Nación está claramente definida por la Constitución, por lo que se descartan intromisiones en el curso del proceso“.
El funcionario añadió que asumió la investigación con “absoluta responsabilidad y rigor, y tomará decisiones al imperio de la ley y las garantías constitucionales que les asisten a las partes”.
Sobre este caso Barbosa manifestó ayer en una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia que tampoco está impedido para investigar al expresidente Uribe.
Cepeda recusó a ambos funcionarios luego de que el expediente del caso fuera remitido a la Fiscalía por la Corte Suprema de Justicia, que cedió la competencia de la investigación tras la renuncia de Uribe al Senado, con lo cual el exmandatario perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la justicia ordinaria.
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
Por decisión de la misma Fiscalía, Uribe seguirá en detención domiciliaria hasta que la solicitud de libertad sea presentada y evaluada por un juez de garantías.
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