Extorsión, miedo y absolución en Manizales: el complejo drama tras la desmovilización de las AUC

Hace trece años, en la vereda Kilómetro 41 de Manizales, una mujer fue víctima de una llamada de extorsión en la que un hombre, identificándose como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), amenazó con atentar contra su negocio y su familia si no entregaba $30 millones. El interlocutor afirmó tenerla vigilada y se atribuyó, además, la muerte violenta de su padre y su hermano en años anteriores, según reportó lapatria.com. El episodio evidenció la continuación de prácticas de intimidación y violencia vinculadas a las estructuras paramilitares, pese a la desmovilización de las AUC en 2006.

Aterrorizados, los familiares denunciaron el hecho ante el Gaula, la unidad de la Policía especializada en combatir la extorsión y el secuestro. Este grupo diseñó una operación encubierta empleando un paquete falso con la apariencia de contener $10 millones, con el objetivo de atrapar al extorsionista en flagrancia. El operativo se ejecutó exitosamente en la madrugada del 4 de diciembre de 2012, cuando el sospechoso fue capturado al llegar a la residencia de la víctima, de acuerdo con el mismo medio.

Bajo interrogatorio, el detenido señaló a Julián Andrés, oriundo de La Virginia, como la persona que supuestamente le había propuesto viajar a Kilómetro 41 para cobrar una deuda de un trabajo previo, ofreciéndole $100 mil de recompensa. Julián Andrés, sin embargo, nunca fue aprehendido durante los hechos y huyó antes de la acción judicial. No fue sino hasta 2015 que se le vinculó al proceso en ausencia, iniciándose juicio en 2017 y, tras años de procedimientos, resultando absuelto en 2019. Su absolución fue confirmada por el Tribunal Superior de Manizales tras la apelación, fundamentando la decisión en la falta de pruebas sólidas que lo relacionaran directamente con la extorsión.

El tribunal hizo hincapié en que la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, ya que su implicación se sustentó únicamente en el testimonio de un coimputado, sin evidencia adicional ni rastros materiales, como la posesión del celular asociado al caso. La ausencia de pruebas concretas significativas puso de manifiesto deficiencias sustanciales en la investigación y la dificultad recurrente en el esclarecimiento judicial de este tipo de delitos, situación recogida en las publicaciones de lapatria.com.

Este complejo episodio ilustra la persistencia de la extorsión asociada a antiguos grupos paramilitares y su impacto en la justicia colombiana. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC, 2023), aunque las AUC se desmovilizaron oficialmente, persisten remanentes que mantienen prácticas ilegales, con especial repercusión en áreas rurales marcadas por la informalidad y la economía ilícita. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló que este delito continúa al alza, con un incremento del 15% en denuncias durante 2024, afectando mayormente a comerciantes y pobladores rurales.

La dificultad para producir pruebas contundentes sigue siendo una de las barreras principales para lograr condenas seguras en las cortes. Informes de la Fundación Gabo subrayan que la eficacia judicial y periodística radica en la pluralidad y calidad de las fuentes, así como en la verificación constante para evitar errores o juicios apresurados que comprometan la imparcialidad. Además, la jurisprudencia colombiana reitera la importancia de proteger la presunción de inocencia, especialmente en contextos donde los testigos pueden declarar bajo presión o influencias indebidas.

En definitiva, lo sucedido en Kilómetro 41 visibiliza tanto la magnitud del reto judicial y social frente a la violencia heredada de los grupos armados, como la urgencia de perfeccionar la labor investigativa y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos implicados en estos procesos complejos.

¿Por qué es tan difícil probar la responsabilidad en casos de extorsión en Colombia?
La dificultad para probar la culpabilidad en delitos de extorsión radica en la naturaleza clandestina del crimen y la falta de evidencias materiales directas. Como describe el caso de Kilómetro 41, el proceso judicial muchas veces se fundamenta en testimonios de detenidos o víctimas, sin soportes técnicos robustos. Ello ocurre porque los extorsionistas suelen operar bajo identidades falsas, emplear celulares y medios de contacto difíciles de rastrear, y aprovechar el temor de las víctimas para minimizar el intercambio de pruebas. Los tribunales requieren pruebas concluyentes y corroborables, de modo que, cuando éstas no existen, los procesos terminan en absoluciones. De acuerdo con la jurisprudencia colombiana, la presunción de inocencia es un pilar esencial, por lo cual no basta una declaración solitaria para condenar.

En un entorno donde muchas víctimas temen represalias y pueden dudar en colaborar de manera abierta con las autoridades, el trabajo de los investigadores y el Gaula resulta especialmente complejo. El fortalecimiento de capacidades técnicas, el impulso a la denuncia, y una mejor articulación entre organismos de justicia y policía son demandas recurrentes para enfrentar la impunidad en estos delitos.

¿Qué función cumple el Gaula en la lucha contra la extorsión y el secuestro?
El Gaula, Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, es una unidad especializada de la Policía y el Ejército Nacional en Colombia encargada de combatir los delitos de extorsión y secuestro. Interviene directamente en la atención de denuncias, ejecutando operativos encubiertos y estrategias de seguimiento para interceptar a los responsables. En el caso presentado, el Gaula fue clave al diseñar la entrega controlada que permitió la captura en flagrancia de un sospechoso, reflejando su rol preventivo y reactivo frente a amenazas que comprometen la seguridad ciudadana.

Sin embargo, aunque su intervención es esencial y ha permitido desenmascarar varias redes criminales, la falta de pruebas físicas o técnicas suele limitar el alcance de la justicia. El Gaula no solo actúa en los procedimientos policiales, sino que también acompaña psicológicamente a las víctimas y promueve campañas para fortalecer la prevención y la denuncia de estos delitos a nivel nacional.