Alerta por juego sucio en proceso de elección del Defensor del Pueblo; no habría garantías

La puja por quién será el próximo defensor del Pueblo comienza a intensificarse y desde ya hay denuncias de presuntas irregularidades que pondrían en tela de juicio el proceso.

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Pasada menos de una semana desde que Presidencia cerró las inscripciones para dirigir la entidad, este jueves se denunció que tres de los actuales directivos que postularon sus nombres para el cargo fueron retirados del organismo.

Se trata de la abogada Diana Marcela Bustamante, actual defensora delegada para la Orientación y la Asesoría de las Víctimas del Conflicto; Jorge Enrique Calero, defensor delegado para los Conflictos Sociales y el Diálogo Social, y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) César Augusto Abreu, defensor delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales.

Si bien los tres presentaron sus nombres en el proceso para dirigir la institución en septiembre próximo –con miras a lograr un cupo en la terna que el presidente Gustavo Petro presentará a la Cámara de Representantes–, denunciaron que, una vez presentaron sus hojas de vida, les fue solicitada la renuncia protocolaria y luego fueron apartados de sus cargos.

“Fue algo muy inesperado. Solo aceptaron la renuncia de los tres directivos que nos habíamos postulado. Nos habían pedido renuncia a todos los directivos el pasado lunes”, manifestó a El Colombiano uno de los afectados que aceptó hablar con la condición del anonimato, señalando que no había inhabilidad alguna para seguir en sus cargos mientras participaban en el proceso.

¿Por qué habrían despedido a funcionarios de la Defensoría del Pueblo?

Según los afectados, la intempestiva salida de sus cargos obedecería a una “retaliación” por querer participar en el cargo, por lo que señalaron al actual defensor del Pueblo, en calidad de encargo, Julio Luis Balanta Mina, quien también se ha venido desempeñando como Delegado para Asuntos Étnicos.

En septiembre próximo, la Cámara de Representantes elegirá al nuevo defensor del Pueblo, nada menos que el titular de un organismo encargado de proteger e impulsar los derechos humanos en el país, así como ser garante de las libertades de los ciudadanos. La batuta está en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá presentar una terna a la Corporación para escoger al próximo doliente de la entidad.

La puja ya arrancó y en el partidor hay 76 aspirantes que buscan hacerse al control de un organismo que solo este año manejará un presupuesto superior a los $1,2 billones. El ungido –que, entre otras, deberá ser abogado y haber desempeñado durante 15 años cargos en la Rama Judicial–, permanecerá en el cargo hasta 2028.

En el listado sobresalen exfuncionarios del presidente Petro, como los exministros Néstor Osuna (Justicia) y Jhenifer Mojica (Agricultura), así como dirigentes cercanos al petrismo, entre ellos, Juan Diego Castrillón, excandidato a la Gobernación del Cauca con el aval del Pacto Histórico o Ada América Millares, contralora delegada para el Medio Ambiente y expareja de Carlos Ramón González, hoy director de Inteligencia Nacional.

Además, se destacan destacados juristas, como Jomary Ortegón, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); la abogada y exprocuradora regional Elsi Angulo; la jurista María Cristina Hurtado; Iris Marín Ortiz, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional o Nigeria Rentería, exdelegada de la Defensoría del Pueblo y quien participa en la mesa de diálogos con el ELN.

En el partidor figuran también la exministra Griselda Janeth Restrepo y Sigifredo López, el único sobreviviente de los diputados del Valle secuestrados por las extintas Farc.