Guardianes del Inpec se lucraban cobrando $ 30 millones a presos por camas con cobijas

Nación
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Seis dragoneantes de una cárcel de Barranquilla están enfrentando un proceso porque harían parte de una red criminal que sobornaba a privados de la libertad.

Seis guardianes del Inpec están siendo procesados porque, al parecer, conformaron una red criminal que se dedicaba a sobornar presos de la cárcel de Barranquilla a cambio de permitirles tener comodidades dentro del penal. Los funcionarios deberán responder por cuatro delitos.

(Lea más:Atención: murió Luis Alfredo Garavito, el peor infanticida y violador de Colombia)

Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación detalló que los guardianes, al parecer, permitieron que algunos presos sobornaran a otros reclusos y, después, los funcionarios se aprovecharon para también cobrar extorsiones.

“También les realizaran pagos de dádivas y entregas de elementos y servicios a efectos de garantizar que también tuvieran seguridad y habitabilidad al interior de dicho centro carcelario”, dijo el fiscal del caso.

Los hechos se habrían registrado en el patio 2 de la cárcel Modelo de Barranquilla. Los señalados, al parecer, cometieron los delitos entre junio de 2021 y abril de 2022.

(Entérese: Solucionaron la emergencia sanitaria en la cárcel La Picota por daño de tubería)

Durante ese tiempo, advirtió la Fiscalía, los guardianes conformaron la empresa criminal y obtuvieron ganancias hasta de 300 millones de pesos, producto de las extorsiones.

Dos de los reclusos fueron los encargados de denunciar el entramado ante las autoridades. Le relataron a la Fiscalía que los seis funcionarios cobraban extorsiones por una habitación, implementos de aseo y hasta por dejarlos ingresar elementos prohibidos como armas y drogas.

Relataron que los guardianes pedían 30 millones de pesos por una habitación en una celda con cama y cobija. Además, había extorsiones distintas por permitir el ingreso de la familia a las visitas.

Concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito son los delitos que les imputaron a los funcionarios, quienes no aceptaron cargos.

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