Cárceles también entran en Estado de Emergencia, que se suma a medidas contra COVID-19

El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunciaron la declaratoria por los graves hechos registrados el sábado.

La ministra Margarita Cabello y el general Norberto Mojica tomaron la decisión provisional para controlar los temas de salud y orden público que se pueden presentar en los centros penitenciarios del país.

Esta declaratoria fue motivada por los motines que se presentaron en al menos 12 cárceles del país y el intento de fuga en varios patios de la Cárcel Nacional La Modelo que dejó como saldo 23 muertos y 83 heridos, entre los que hay 7 guardias del Inpec.

Este es el anuncio:

En el decreto, que entra a regir este 22 de marzo, las entidades resolvieron también que el director del Inpec “adoptará las medidas que se requieran en desarrollo del presente Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria”.

Dicho texto también agrega que “en el evento en que las causas que motivaron la declaratoria de emergencia persistan al cabo de un año, se prorrogará previo informe al Consejo Directivo del Inpec”.

La medida había sido solicitada desde la Defensoría del Pueblo y fue apoyada por el procurador, Fernando Carrillo, que también en las últimas horas le pidió al Gobierno esa declaratoria “para garantizar condiciones de salud, hacer efectivos derechos y preservar el orden público” en las cárceles.

También en Twitter, el jefe del Ministerio Público señaló:

“Apoyo total a esta medida que veníamos solicitando desde la Procuraduría General de la Nación. Que se privilegien medidas preventivas en materia de salubridad, garantía de derechos y descongestión”.

Según el artículo 168 de la Ley 1709 de 2018, uno de los casos en los que se permite la declaratoria de este estado es “cuando sobrevengan graves situaciones de salud y de orden sanitario, o que las condiciones higiénicas no permitan la convivencia en el lugar, o ante la inminencia o el acaecimiento de calamidad pública”.

También se contempla en casos en que “las faltas de prestación de los servicios esenciales pongan en riesgo el buen funcionamiento del sistema o amenacen gravemente los derechos fundamentales”.

Esto permitirá, que una de las medidas es que se piense un sistema de libertad condicional, en medidas especiales para los mayores de 60 años que están en las cárceles, enfermos terminales, mujeres embarazadas y garantizar la dotación de insumos necesarios a los centros penitenciarios en todo el país.