Supuesta red de tráfico de armas del Ejército habría dotado a civiles en el paro nacional

A través de una serie de interceptaciones telefónicas, Caracol Radio reveló la existencia de una supuesta red de tráfico de armas que involucraría al Ejército Nacional y a los civiles, Eduardo Molina Berrío y Eduardo Molina Obando (padre e hijo), que fueron capturados el pasado 25 de enero. Uno de los fines de la red sería, presuntamente, disparar contra los manifestantes del Paro Nacional 2021.

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Los interceptados serían: Eduardo Molina Berrío, un ingeniero industrial de 57 años que estuvo relacionado por homicidio en el 2015; y su hijo, Eduardo Molina Obando de 25 años, quien sería el socio del sargento retirado Johnny Moreno, el supuesto principal comprador de municiones y granadas robadas a la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali.

Las llamadas hacen parte de un expediente penal en la cual la Fiscalía investiga una red de tráfico de armas al servicio de las disidencias Farc en Nariño. En los documentos conocidos por Caracol Radio, el medio asegura que los Molina y cinco militares más, entre activos y retirados, capturados en Bogotá, Cali y Florencia en enero de 2023, harían parte de esta organización.

Con las llamadas, se especula que los Molina estarían organizando la logística para usar las armas y atacar a los manifestantes. Incluso, sosteniendo un diálogo con un supuesto funcionario de una entidad a quien le pidió que “no se metan en las actividades de ‘limpieza’ que pretenden hacer esos grupos en Cali, ante las manifestaciones sociales”, según informó el medio.

Cuando se cumplía un mes del paro, el 28 de mayo, tal parece que Eduardo Molina Berrio llamó a una persona de apellido Soto, un supuesto integrante de la Policía, a quien le reclamó por su actividad en el paro y le confiesa que él disparó contra los manifestantes. Además, Molina Berrio habló con varias personas durante ese mismo mes para la organización de grupos de autodefensa en Cali, de la posible compra de su munición y el desembolso de dinero para sus integrantes.

Estas interceptaciones también hablaban de ‘comida’, lo que, al parecer, sería la forma para referirse a municiones y armas. Además, entre las comunicaciones entre padre e hijo mencionan los valores de 5 y 28 millones de pesos que podrían ser usados para la compra de municiones que tendrían como destino atacar a las personas que protestaban en Cali.

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Tal parece entonces que, los Molina y cinco militares más, harían parte de una red de tráfico de armas al servicio de las disidencias Farc en Nariño. Como antecedente, tanto la Justicia Penal Militar como la Procuraduría ya había iniciaron indagaciones contra siete uniformados por el presunto delito de prevaricato por omisión, es decir, por el posible incumplimiento de sus funciones y su presunta participación al permitirles a civiles disparar contra personas que protestaban en el paro.

Asimismo, a mediados de 2022, la Fiscalía dejó en firme la imputación cinco civiles y 12 integrantes de la Policía que estarían involucrados en varias actuaciones ilegales contra un grupo de manifestantes, el 28 de mayo de 2021, en el sector de Ciudad Jardín, en Cali (Valle del Cauca). Entre ellos está Andrés Escobar, quien quedó registrado en videos atacando con un arma a manifestantes durante el Paro 2021.