Alimentación escolar nutrió la corrupción en 95 municipios

Cerca de 500.000 millones de pesos que habrían terminado en manos de funcionarios, exfuncionarios y contratistas.

Un total de 93 personas han sido capturadas en las últimas horas por la Fiscalía bajo la sospecha de estar involucradas con una de las mafias más antiguas y arraigadas en Colombia: el cartel de la alimentación escolar.

El periodista Norbey Quevedo, de El Espectador, asegura que el robo metódico de estos recursos corresponde a un modelo de contratación pública en el que organizaciones tales como fundaciones, consorcios, uniones temporales y cooperativas, sirven para saquear las destinaciones a los comedores escolares.

“Lo que más preocupa de esta contratación es que en la mayoría de casos se está haciendo a través de fundaciones, sin experiencia en el campo del suministro de alimentos”, señala Quevedo antes de resaltar que el 17 % de la contratación pública (unos $8,8 billones) se entregaron a entidades sin ánimo de lucro.

Al menos 3 redes de operadores han sido identificadas por el Ministerio de Educación como las responsables de evaporar millones de pesos en raciones escolares que nunca llegaron a los niños que las necesitaban, que se suministraron tarde o simplemente se sirvieron en mal estado a los menores.

La red que más habría desangrado al Estado y que tuvo presencia en la Costa Atlántica y Norte de Santander habría recibido recursos, desde el 2007, por $449.613 millones, destacó El Espectador.

El Gobierno Nacional lanzó el 23 de enero de este año un decreto que pone coto a la contratación directa con fundaciones y ONG, para frenar la destinación, sin licitación, de más de 14,5 billones que hasta mediados del 2016 se hacía en gobernaciones y alcaldías, informó El Tiempo.

El entonces secretario de Transparencia de la Casa de Nariño, Camilo Enciso, señaló a ese medio que el Decreto 092 del 23 de enero de 2017 impide contratar con “fundaciones multipropósito” y exige a las entidades públicas que justifiquen este tipo de contrataciones.

No obstante, el fenómeno está lejos de desaparecer, según los hallazgos de la Contraloría, y por ahora se espera que la justicia opere para procesar a los implicados y se desmonte esta estructura que subsiste gracias a los espacios grises que existen en la ley colombiana.