Histórico fallo en Manizales: Consejo de Estado exige garantizar agua limpia y ambiente sano en zonas rurales

El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una decisión fundamental para la protección del derecho a un ambiente sano y al acceso a agua limpia, en respuesta a la delicada situación de las comunidades rurales de Manizales derivada de vertimientos irregulares de aguas residuales. Esta resolución nace tras la acción popular interpuesta por la Personería de Manizales contra el Ministerio de Ambiente, Corpocaldas, el municipio y Aguas de Manizales, entidades encargadas del manejo y control de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la zona rural, según información de LA PATRIA.

La importancia de este fallo radica en su carácter rectificador frente a una decisión previa del Tribunal Administrativo de Caldas de marzo de 2025, que no halló pruebas concluyentes sobre afectaciones por contaminación y problemas de salud. En contraste, el Consejo de Estado sí identificó insuficiencias generalizadas en el tratamiento de aguas residuales, mencionando casos emblemáticos como la planta de Alto Lisboa, que opera sin control físico-químico de sus descargas, y la planta Veracruz, donde la construcción de una vivienda encima del sistema dificulta el monitoreo ambiental. Estas situaciones ponen en evidencia el déficit de gestión y supervisión, comprometiendo tanto la calidad del agua como la salud de la población local, documento LA PATRIA.

Para el personero municipal Juan Pablo Osorio, el fallo representa un avance histórico, pues reconoce la necesidad urgente de garantizar el acceso a agua limpia y ambiente seguro para miles de familias rurales que deben convivir con malos olores, contaminación de fuentes hídricas y erosión del suelo generada por vertimientos no tratados. Un informe de Corpocaldas, citado por LA PATRIA, advierte sobre la falta de permisos y actualizaciones en las PTAR y llama la atención sobre las consecuencias ambientales y sociales que esto acarrea, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar soluciones técnicas responsables.

Esta problemática de deficiente operación de PTAR trasciende el caso de Manizales. Datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalan que cerca del 40% de las plantas rurales en Colombia operan con limitaciones técnicas, lo que deriva en contaminación de fuentes hídricas y enfermedades asociadas, principalmente en áreas vulnerables. Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia vincula estos vertimientos irregulares con el incremento de enfermedades gastrointestinales en entornos rurales, resaltando la urgencia de intervenir y mejorar la infraestructura existente.

En respuesta, el Consejo de Estado ordenó la formulación de un plan integral de diagnóstico, mantenimiento y obras para las PTAR rurales en un mes, con cronograma y mecanismos de participación ciudadana. Este plan debe facilitar acciones técnicas y contractuales para iniciar intervenciones en seis meses y concluirlas en un año, bajo la supervisión de un Comité dirigido por el Tribunal Administrativo de Caldas. Además, Corpocaldas deberá iniciar procesos sancionatorios contra quienes hagan vertimientos sin permiso, buscando tanto recuperar como prevenir daños ambientales, según reiteró LA PATRIA.

La gestión de las PTAR en Manizales también ha estado marcada por polémicas, como la finalización anticipada del contrato con la empresa mexicana Fypasa por incumplimientos y disputas legales, lo que evidencia desafíos estructurales de gobernanza y transparencia, contexto recogido por LA PATRIA.

Esta resolución genera una oportunidad para fortalecer las políticas ambientales rurales en Manizales y Caldas, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que resalta la relación entre saneamiento adecuado y salud pública. El caso subraya la relevancia de establecer sistemas de vigilancia ambiental y planificaciones integrales para garantizar recursos hídricos de calidad a comunidades históricamente rezagadas en la planeación urbana y ambiental.

En definitiva, la sentencia marca la necesidad de un cambio estructural en la gestión de las PTAR de Manizales, destacando el vínculo indisoluble entre la protección ambiental, la salud pública y la dignidad humana, y ofrece lecciones valiosas para otras regiones del país respecto al manejo sostenible del agua y la gobernanza ambiental.

¿Qué funciones cumplen las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)?

El interés por las funciones de las PTAR surge a raíz de su centralidad en el reciente fallo judicial que busca solucionar problemas de salud y contaminación en Manizales. Las PTAR son sistemas encargados de eliminar contaminantes físicos, químicos y biológicos de las aguas residuales antes de su vertimiento en cuerpos de agua, protegiendo así el medio ambiente y la salud pública. La comprensión de su rol ayuda a dimensionar la importancia de reglamentar y vigilar su funcionamiento adecuado, como ha exigido el Consejo de Estado.

Clarificar qué hacen las PTAR permite a la ciudadanía entender por qué la falta de control y mantenimiento puede traer graves consecuencias para la calidad del agua, la erosión de suelos y la proliferación de enfermedades, especialmente en contextos rurales donde las alternativas de saneamiento suelen ser limitadas.

¿Por qué es relevante la participación ciudadana en la vigilancia ambiental?

La relevancia de la participación ciudadana ha sido destacada en el fallo del Consejo de Estado al establecer mecanismos para que las comunidades puedan incidir en la vigilancia y desarrollo de los planes de mejoras en las PTAR. Este enfoque busca garantizar mayor transparencia, control social y corresponsabilidad, factores necesarios para recuperar la confianza en las instituciones y lograr soluciones sostenibles a problemáticas ambientales complejas.

La participación activa de la población afectada dota de legitimidad las acciones de las autoridades y permite detectar deficiencias u omisiones que pueden pasar inadvertidas en los mecanismos de control tradicionales. Así, se fortalece la integralidad de la gestión ambiental y se promueve una cultura de corresponsabilidad que trasciende el cumplimiento de normas.