Concejal de Filandia recibe amenazas de muerte por WhatsApp: así reacciona la comunidad y autoridades

Yeison Agudelo, concejal de Filandia por el Partido Conservador Colombiano, fue blanco de serias amenazas de muerte el jueves 27 de noviembre, un hecho que ha desatado alarma y rechazo entre la clase política y la comunidad de la región. Según Crónica del Quindío, la intimidación llegó mediante mensajes de voz enviados al WhatsApp personal de Agudelo. Inicialmente, el concejal creyó que se trataba de una solicitud habitual. Sin embargo, el contenido de los audios era explícito y violento, reflejando una clara intención de amedrentar y perturbar su integridad. Los mensajes, de una sola reproducción y que se autodestruían tras ser escuchados, complicaron la recopilación de pruebas. Ante esto, Agudelo recurrió al teléfono de su esposa para grabar el segundo audio y dejar constancia del atropello.

Estos hechos han sido catalogados por el propio Agudelo como inusuales en el municipio y el departamento, localidades donde las amenazas a políticos no son frecuentes. El concejal destacó que no reconoce enemigos ni conflictos personales en Filandia, pues su trabajo se ha centrado en el liderazgo comunitario y en impulsar actividades deportivas. Sostiene que tampoco su familia ha estado vinculada a situaciones que puedan originar este tipo de agresiones.

La hipótesis más sustentada por Agudelo es que las amenazas surgen como consecuencia de su labor en el Concejo Municipal, donde ejerce una función activa de vigilancia y control político, así como de difusión transparente de la gestión pública a los ciudadanos. Según sus declaraciones recogidas por Crónica del Quindío, el concejal desempeña su cargo manteniendo informado al municipio sobre proyectos y actividades, realizando incluso transmisiones en vivo para lograr mayor transparencia.

Tras recibir las amenazas, Agudelo notificó de inmediato al patrullero de la Policía Nacional asignado como ‘padrino’ del municipio, quien activó los contactos con el comando departamental. Posteriormente, el concejal expuso la situación en sesión plenaria y fue invitado por el secretario de Gobierno local a un consejo de seguridad extraordinario, al que asistieron representantes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), Policía y el inspector municipal. Durante esta reunión se planificaron las acciones legales y de protección formal, incluidas las denuncias ante la Fiscalía y la activación de rutas de Derechos Humanos, todo con el soporte de la Gobernación y la Defensoría del Pueblo.

La noticia ha movilizado la solidaridad política tanto a nivel municipal como departamental. El concejal de Armenia Jonatan Rojo y la diputada Jessica Obando Correal, del Pacto Histórico, han manifestado públicamente su respaldo a Agudelo, instando a las autoridades competentes a esclarecer los hechos y proteger la vida e integridad del funcionario. Ambos líderes han enfatizado que no se puede permitir que la labor democrática y el pensamiento diferente terminen siendo castigados con violencia y amenazas. De igual manera, la diputada Obando recalcó que la vida del concejal y de su familia debe ser prioritaria y protegida ante todo, recordando que la búsqueda de la paz no debe tener el costo de la vida de los líderes sociales y políticos.

Ante estos hechos, la posición de las autoridades y la sociedad civil será crucial para garantizar que situaciones similares no se repitan, y que quienes ostentan cargos públicos puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.

¿Qué rutas de protección existen para funcionarios públicos amenazados en Colombia?

Ante la recurrente preocupación por la seguridad de líderes políticos y sociales en el país, la pregunta sobre las rutas de protección disponibles cobra relevancia. Las rutas de protección mencionadas en el caso del concejal Agudelo incluyen la notificación inmediata a la Policía Nacional, la intervención del comando departamental y la articulación con organismos como la Defensoría del Pueblo, la Gobernación y la Fiscalía General de la Nación. Estos mecanismos buscan dar cobertura inmediata y seguimiento legal a situaciones de riesgo.

El funcionamiento eficaz de estas rutas, su activación oportuna y el apoyo institucional son factores esenciales para garantizar la protección de la vida y derechos de funcionarios públicos. Ante amenazas como las recibidas por Yeison Agudelo, la reacción de las instituciones y el respaldo colectivo resultan fundamentales para preservar la integridad de quienes ejercen liderazgo y control político en sus territorios.