Colombia puede pagar $ 206.000 millones por no proteger líderes amenazados

Eso suman las demandas instauradas contra el Estado por quienes tienen en riesgo sus vidas, pero no cuentan con un esquema de protección. El estimado lo presentó este lunes la Contraloría General de la República.

La Contraloría elaboró un estudio en el que resalta los esfuerzos del Gobierno para proteger a los líderes amenazados, aunque lo insta a aumentar estas medidas, pues las adoptadas no son suficientes.

“Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha hecho un gran esfuerzo para proteger la vida de los líderes sociales amenazados, se requiere una verdadera política de estado en este tema”, dijo el contralor general, Edgardo Maya Villazón, citado en la información.

El informe detalla que entre 2012 y junio de este año “se han interpuesto 105 demandas” por 206.463 millones de pesos por parte de líderes y defensores a quienes se les negó o se les retiró esquemas de protección.

“La Contraloría consideró que son múltiples los factores que inciden en la continua vulneración del derecho a la vida e integridad de la población amenazada, lo que exige superar el actual mecanismo de esquemas individuales para avanzar en mecanismos de prevención, control territorial y judicialización de los victimarios, entre otras”, agregó el informe.

El asesinato de líderes sociales en Colombia ha tenido especial relevancia en los últimos meses. El sábado pasado, José Osvaldo Taquez fue atacado con arma de fuego en el municipio de Orito (Putumayo).

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero de 2016 y el 30 de junio de este año, 327 líderes sociales han sido asesinados en el país.

El estudio de la Contraloría explicó además que tras la firma del acuerdo de paz entre la entonces guerrilla de las Farc, ahora convertido en partido político, y el Gobierno de Juan Manuel Santos, la UNP recibió hasta diciembre del año pasado un total de 232 solicitudes de protección para miembros de la organización.

De esas peticiones, la entidad aprobó 161 esquemas, de los cuales se han implementado 123 (76 %) con un valor de 4.815 millones de pesos (unos 1,6 millones de dólares) mensuales.