Casos Gustavo Petro: le archivan el de Transmilenio y pide más indemnización por chuzadas

En el primer caso, al congresista lo habían acusado de discriminación contra los hombres al implementar un plan piloto para que el vagón delantero de los buses de Transmilenio fuerza exclusivo para uso de mujeres.

Esto sucedió cuando Petro fue alcalde de Bogotá (2012-2014) y la denuncia la estudió la Corte Suprema de Justicia, que resolvió archivarla en las últimas horas.

Los magistrados determinaron que el acto no configuraba ningún delito y que por el contrario se trató de una “simple acción afirmativa o mecanismo de discriminación positiva a favor de las mujeres”, dice el fallo.

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El alto tribunal consideró que esta decisión ayudó a protegerlas de abusos contra su integridad física y psicológica al usar el transporte público, pues para ese momento varias mujeres habían sido víctimas de acosos en los articulados del sistema.

Además, añadió la Corte Suprema, la medida no era obligatoria sino “estrictamente discrecional encaminada a prevenir conductas” que se estaban volvieron frecuentes, puntualizó la decisión.

Gustavo Petro pide triplicar indemnización

De manera simultánea se conoció la petición que hizo el senador en relación a las chuzadas de las que fue víctima por parte del liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Sus abogados apelaron una sentencia en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado a repararlo con alrededor de 500 millones de pesos por las interceptaciones ilegales contra él y varios miembros de su familia.

Según el documento, los montos fijados para la reparación de sus familiares no se ajustan a los daños y por eso pide triplicarla. En ese sentido, se pasarían de 760 salarios mínimos a 2.700, lo que representaría una cifra que asciende a los 2.400 millones de pesos, divulgó W Radio.

En ese sentido, estos serían los cambios:

La defensa de Petro justifica su pedido en que “sus padres y hermanos se vieron obligados a vivir fuera del país” y abandonar sus actividades; además, fueron víctimas de amenazas.

Mientras que su esposa e hijos “han estado obligados a vivir encerrados en su casa, su vida social ha sido casi nula y con muchas dificultades y limitaciones para compartir en su ambiente; debido a las constantes amenazas, desprestigio y presiones a las que se han visto sometidos”.

La Fiduprevisora, que hoy por hoy administra el patrimonio que quedó del DAS, le correspondería pagar el 45% de esa condena, detalló la emisora.

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