Capturan a ‘el Heladero’ en Cesar: abusos, grabaciones y la alarmante realidad de la explotación infantil

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) en Cesar, capturó a Jhon Jairo Mejía Hernández, conocido como ‘el Heladero’, señalado de secuestrar y abusar sexualmente de una niña de nueve años en Bosconia, Cesar. La investigación expuso que Mejía interceptó a la menor frente a su vivienda en septiembre, la llevó a su casa bajo amenaza, cometió el abuso sexual y grabó la agresión en su celular. Posteriormente, distribuyó la grabación mediante mensajería instantánea, lo que permitió recolectar pruebas contundentes y proceder con la imputación de delitos de secuestro simple, acceso carnal violento agravado y pornografía infantil, según reportó el medio El Pilón.

Durante las indagaciones, testimonios recopilados por la Fiscalía revelaron que Mejía había adoptado un patrón delictivo reincidente. Ganaba la confianza de los padres y de las niñas a través de su oficio como vendedor de helados, ofreciendo dulces y pequeñas sumas de dinero para atraer a sus posibles víctimas. Este modo de actuar ha sido reconocido por diversas investigaciones y pone en evidencia la facilidad con la que personas con acceso cotidiano a los niños pueden utilizar la confianza para cometer abuso, tal como lo describe un informe de 2022 de UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

La situación cobra gravedad adicional al considerar la digitalización de las pruebas: no solo ocurre el abuso físico, sino que deja huella en material audiovisual que puede seguir afectando a la víctima, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Elementos como la grabación y divulgación ilícita por canales digitales no solo dificultan la contención del daño emocional sino que también facilitan la revictimización y obstaculizan el olvido por parte de las víctimas.

Autoridades como la Fiscalía han fortalecido las unidades especializadas y llaman a las comunidades rurales, a menudo más vulnerables por falta de recursos y vigilancia, a denunciar estas situaciones. El último análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para 2023 reportó un aumento de abusos sexuales infantiles en el departamento de Cesar, vinculado a la marginalidad y la escasez de información preventiva.

La respuesta judicial al caso de Mejía Hernández incluyó la medida de aseguramiento en centro carcelario, en cumplimiento de la Ley 679 de 2001, que protege a los menores frente a la explotación sexual. Sin embargo, expertos en derechos humanos citados por Human Rights Watch insisten en que, más allá de la justicia penal, las víctimas deben recibir acompañamiento psicológico y social, abordando así las secuelas duraderas del abuso.

Finalmente, medios como El Espectador destacan cómo la escasez de educación preventiva y acompañamiento familiar agrava la vulnerabilidad de niños y niñas en regiones como Cesar. El caso de ‘el Heladero’ pone de relieve la urgencia de avanzar en protección social, educación comunitaria y canales de denuncia segura. Por ello, la Fiscalía sigue exhortando a la ciudadanía a colaborar entregando información sobre hechos similares, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones y ampliar la protección de la niñez.

¿Qué es la Ley 679 de 2001 y cómo protege a los menores de edad? La Ley 679 de 2001 es una normativa colombiana que busca prevenir y sancionar la explotación sexual de menores de edad, incluyendo la pornografía infantil y la trata de personas. Su aplicación permite endurecer penas para delitos sexuales contra menores y obliga a las instituciones a actuar de manera diligente en la protección y acompañamiento de las víctimas. Comprender esta norma resulta esencial tanto para los operadores judiciales como para las familias y comunidades, ya que su conocimiento promueve la denuncia y la protección efectiva de la infancia.

¿Qué apoyo reciben las víctimas de abuso sexual infantil en Colombia? Las víctimas de abuso sexual infantil en Colombia pueden acceder a acompañamiento psicológico, asistencia médica y apoyo legal, coordinado por entidades como la Fiscalía, las comisarías de familia y organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, según reportes recientes de Human Rights Watch, estos servicios no siempre son suficientes o llegan a todos los territorios, especialmente en zonas rurales. La correcta aplicación de estos programas es fundamental para que las víctimas puedan superar el trauma y reconstruir su proyecto de vida junto a sus familias.