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La senadora Esmeralda Hernández se pronunció sobre decisión del alcalde de enviar un escuadrón antidisturbios en las manifestaciones por presunto caso de abuso.
La ciudad de Bogotá continúa sumida en la indignación tras conocerse el grave caso de abuso sexual cometido presuntamente por un docente contra, por lo menos, diez menores de entre dos y tres años en un jardín infantil bajo el registro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
(Vea también: “Le salgo a deber”: profesor acusado de abuso en jardín de Bogotá y su descarada amenaza)
Este hecho atroz ha provocado una ola de reacciones tanto de la comunidad como de la clase política, aumentando la presión para que las autoridades den una respuesta efectiva y transparente.
En la noche del 6 de mayo, madres de familia y allegados a los menores decidieron salir a las calles de la localidad de San Cristóbal para manifestar su rechazo y exigir justicia.
Lo que inicialmente fue concebido como una manifestación simbólica terminó escalando cuando efectivos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) —antes conocido como Esmad— intervinieron. El uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras generó un ambiente de tensión y provocó reproches tanto en la ciudadanía como en diversos sectores políticos.
Frente a estos acontecimientos, varias figuras del Pacto Histórico alzaron su voz contra la actuación de las autoridades distritales y, en particular, del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La senadora Esmeralda Hernández criticó la aparente contradicción entre el rechazo público que manifestó el mandatario hacia el abuso ocurrido y la respuesta policial contra los familiares de las víctimas:
“El alcalde Galán pide justicia desde sus redes para los niños víctimas del presunto violador, pero en la noche le envía a la fuerza pública a las madres que protestan. ¡Qué hipocresía!”, afirmó Hernández.
A este pronunciamiento se sumó la también senadora Gloria Flórez, quien resaltó la importancia de proteger y no reprimir las expresiones ciudadanas que buscan verdad y justicia para los menores afectados:
“La manifestación ciudadana no se reprime, se protege. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias. Este caso nos ha llenado de profunda indignación y esperamos que se haga justicia ante estas atrocidades”.
Como consecuencia de los disturbios, un trabajador del ICBF resultó herido. Según informó la directora de la entidad, Astrid Cáceres, a través de su cuenta en la red social X, el empleado está recibiendo atención médica tras ser lesionado durante los enfrentamientos frente al centro zonal de San Cristóbal. Cáceres rechazó cualquier acto de violencia contra el personal de la entidad y enfatizó el compromiso del ICBF con la protección de los derechos de la niñez. También desmintió que el responsable del ataque al funcionario haga parte de la institución.
La funcionaria advirtió sobre la importancia de evitar la desinformación y aclaró que desde el Instituto se trabaja diariamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en todo el país:
“Reiteramos que nosotros no somos los agresores; por el contrario, nuestros equipos cada día dan lo mejor de sí para salvar vidas en muchos rincones de Colombia”.
Este episodio evidencia la vulnerabilidad de la primera infancia y la urgencia de que las instituciones actúen con firmeza para garantizar justicia y protección a los niños y familias afectados por hechos tan graves. La ciudadanía y la opinión pública colombiana siguen atentas al desarrollo de las investigaciones y a las acciones de las autoridades responsables.
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