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El desacuerdo de organizadores y autoridades sobre el desarrollo del evento ha llevado a un desorden total hacia la capital del Meta. Coviandina se pronunció.
A pesar de que no se concedió la autorización oficial para el desarrollo del evento ciclístico entre Bogotá y Villavicencio, miles de ciclistas se aventuraron a participar en el recorrido, provocando un amplio debate respecto a la legitimidad de la decisión tomada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto con Coviandina, el concesionario encargado de la vía.
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La ANI justificó la negativa del permiso apoyándose en un análisis técnico proporcionado por Coviandina, quienes evaluaron los riesgos operacionales y las deficiencias en el plan de manejo de tráfico, además de la carencia de pólizas de seguro adecuadas. Fernando Castillo, director de Operación Vial de Coviandina, durante una entrevista en Blu Radio, con Néstor Morales, comentó: “No somos la autoridad. Emitimos un concepto técnico basado en aspectos técnicos y de seguridad”.
Sin embargo, la falta de comunicación adecuada y oportuna condujo a una gran confusión entre los participantes; muchos de ellos ya habían comenzado el viaje cuando se comunicó la prohibición oficial, resultando en que un gran número decidiera continuar con la travesía de manera independiente.
Este evento habitualmente atrae a una multitud masiva de ciclistas, incluyendo tanto a profesionales como aficionados. A pesar de que solo 5.000 ciclistas se habían inscrito oficialmente este año, las estimaciones sugerían que más de 15.000 personas podrían haber participado.
Castillo advirtió sobre los riesgos asociados con una alta afluencia de ciclistas en una vía de considerable pendiente. “El año pasado enfrentamos accidentes y situaciones de riesgo no cubiertas por los medios, que sí produjeron preocupación”, dijo, señalando la presencia de ciclistas bajo efectos del alcohol, menores de edad y bicicletas inadecuadas para la ruta.
El descontento entre los ciclistas fue palpable, especialmente por la cancelación de última hora que dejaba poco margen para reaccionar. “¿Por qué cancelar un evento tan importante con solo cinco horas de antelación?”, cuestionó un participante durante la entrevista, destacando además la significativa inversión económica que superaba los 9.000 millones de pesos. “No jueguen con el deporte colombiano”, agregó.
Al enfrentarse a la negativa oficial, cientos de ciclistas decidieron continuar de todas formas, algunos evadiendo las restricciones mediante el uso de rutas alternativas y otros bloqueando temporalmente la vía en señal de protesta.
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Aún persiste un debate respecto a quién debería ser considerado responsable de la cancelación del evento. Desde Coviandina se insiste en que la decisión vino dictada por un concepto técnico y que la responsabilidad final de la autorización recae sobre la ANI y el Instituto Nacional de Vías (Invías). “Solo operamos la vía, la autoridad de tránsito es quien debe autorizar el evento”, explicó Castillo.
Además, se critica al Instituto de Deporte de Villavicencio (Inder), organizador de la travesía, por no notificar a tiempo la negativa a los ciclistas, lo que desató la acumulación de miles de participantes en el sur de Bogotá antes del comienzo previsto.
Con la información disponible de las fuentes oficiales y testimonios recogidos, el tema continúa generando debate en cuanto a la gestión y comunicación de eventos deportivos de gran escala en el país. La travesía Bogotá-Villavicencio se está convirtiendo en un caso de estudio sobre cómo los intereses deportivos se enfrentan a los requisitos logísticos y de seguridad en Colombia.
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