Armando Ojeda asume el reto de transformar el aseo en Bogotá: crisis, innovación y el papel de la CRA

Bogotá
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El reto de Armando Ojeda: transformar el sistema de aseo en Bogotá y afrontar la crisis regulatoria.

El nombramiento de Armando Ojeda Acosta como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá representa una decisión estratégica en medio de una coyuntura marcada por la crisis y la necesidad de renovación dentro del sistema de aseo de la capital. El anuncio, hecho por el alcalde Carlos Fernando Galán, se sustenta en la amplia experiencia de Ojeda, quien ha desempeñado cargos clave dentro del sector: ha sido asesor en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), director técnico en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y subsecretario de Planeación y Política en la Secretaría Distrital de Hábitat, según reseña El Espectador. Su perfil técnico se percibe como fundamental para enfrentar la crítica ineficiencia en la gestión de residuos urbanos y los impactos que esta situación tiene sobre el espacio público.

La llegada de Ojeda Acosta se da tras la salida de Consuelo Ordóñez, motivada por la negativa reiterada de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA) frente a la continuidad del modelo vigente de aseo de la ciudad, cuyo contrato está próximo a vencer en 2026. La CRA, en su más reciente objeción, argumentó que el Distrito no presentó argumentos ni soportes financieros suficientemente sólidos, exponiendo así una frágil planeación y un manejo inadecuado de la sostenibilidad del sistema de residuos. Estas deficiencias, según voces expertas consultadas por El Espectador, revelan una falta de articulación institucional y debilidades estructurales dentro del aparato público encargado del aseo.

La crisis actual pone de manifiesto cómo la organización y regulación en servicios fundamentales, como la recolección de residuos sólidos, pueden precipitar situaciones de incertidumbre jurídica, afectando la continuidad y confianza en la administración pública. Tal como advierte la experta Diana Diago, la falta de rigor en la estructuración financiera fue determinante para la respuesta de la CRA, reiterando la importancia de contar con modelos financieramente estables y avalados por los organismos de control, especialmente en un servicio tan esencial para la calidad ambiental y la salud urbana.

Este panorama local no es exclusivo de Bogotá, ya que la problemática de la gestión de residuos trasciende fronteras y afecta a numerosas áreas urbanas de América Latina. Instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial registran que la creciente urbanización y las carencias en infraestructura contribuyen al deterioro ambiental, a problemas de salud pública y a una mayor vulnerabilidad social, siendo los sectores más desfavorecidos quienes soportan las peores consecuencias de la ineficacia estatal en la prestación del servicio.

El desafío para Armando Ojeda es, por tanto, doble: lograr la aprobación regulatoria de un nuevo esquema de aseo que asegure sostenibilidad financiera y operativa, al mismo tiempo que restaure la confianza ciudadana y eleve la calidad del servicio. Será clave fortalecer la interlocución con la CRA, así como buscar modelos innovadores de gestión, tal como lo sugieren estudios académicos y organismos internacionales citados por El Espectador, donde se recomiendan la economía circular y la participación ciudadana como ejes para modernizar la administración de residuos.

El caso Bogotá evidencia que la transformación de los servicios públicos exige una visión integradora y colaborativa, capaz de responder a los retos ambientales, sociales y regulatorios de un entorno urbano en constante expansión. Solo una gestión rigurosa y la interacción efectiva entre gobernanza, planificación y regulación permitirán superar las limitaciones históricas y garantizar bienestar colectivo y desarrollo sostenible.

¿Cuál es el papel de la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA) en la gestión del aseo? La CRA es la entidad encargada de regular y supervisar los esquemas de prestación del servicio de aseo en las ciudades colombianas. Su función principal es revisar, autorizar o rechazar los modelos financieros y operativos presentados por las administraciones públicas, velando porque sean sostenibles y garanticen la calidad del servicio para los usuarios. La negativa reiterada por parte de la CRA al modelo propuesto por Bogotá muestra el nivel de exigencia y control que ejerce el regulador, así como su rol en asegurar que las políticas públicas del sector estén debidamente soportadas y no comprometan la prestación eficiente del servicio.

El papel de la CRA se torna aún más relevante en momentos de cambio como el actual, donde las decisiones sobre nuevos contratos y esquemas de gestión pueden tener repercusiones de largo plazo en la ciudad y sus habitantes. La interacción entre la UAESP y la CRA será determinante para definir el futuro del aseo en Bogotá, dado que el tiempo para encontrar soluciones efectivas antes de la expiración del contrato vigente es limitado y las necesidades de la ciudad no admiten improvisaciones.

¿Qué es la economía circular y cómo puede mejorar la gestión de residuos? La economía circular es un modelo de producción y consumo basado en el aprovechamiento máximo de los recursos, mediante la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de los residuos. En contraste con el modelo lineal tradicional, que implica extraer, producir, usar y desechar, la economía circular busca cerrar ciclos productivos para disminuir la generación de desechos y el impacto ambiental.

Incorporar principios de economía circular en la gestión de residuos implica transformar la forma en que la ciudad recolecta, separa y trata sus desechos, promoviendo la reutilización de materiales y la reducción del impacto ambiental. Este enfoque es recomendado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y universidades líderes en temas urbanos, que señalan que la participación activa de la ciudadanía, junto con políticas públicas innovadoras, son la base para alcanzar un sistema de gestión de residuos eficiente, sostenible y socialmente legítimo.


* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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