Economía
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En el lugar se elaboraba la llamada “mota”, un derivado de carne de curtiembres que estaría siendo distribuido de forma ilegal para la producción de embutidos.
En un operativo sorpresa, la Alcaldía Local de Tunjuelito destapó una situación crítica de insalubridad en una vivienda del barrio San Benito. Una casa de tres pisos fue descubierta funcionando de manera clandestina como centro de procesamiento de carne, en condiciones totalmente contrarias a las normas sanitarias y ambientales.
(Vea también: Invima lanzó aviso por carne que se vende en Colombia y puede causar problemas: “Mala calidad”)
Durante la inspección, las autoridades encontraron grandes cantidades de carne en avanzado estado de descomposición, restos de animales esparcidos y charcos de sangre que incluso se escurrían hacia el exterior de la edificación.
La escena, descrita por los funcionarios como alarmante, representa un foco de contaminación que amenaza directamente la salud de los habitantes y la recuperación del Río Bogotá.
De acuerdo con los reportes preliminares, en el lugar se elaboraba la llamada “mota”, un derivado de carne de curtiembres que estaría siendo distribuido de forma ilegal para la producción de embutidos en Bogotá.
Este tipo de actividad no solo implica un riesgo por el consumo de productos contaminados, sino que además fomenta prácticas que degradan el ambiente y que pasan inadvertidas por operar en la clandestinidad.
Las autoridades han advertido que este tipo de carne, al no contar con ningún control sanitario ni trazabilidad, puede convertirse en un grave peligro para la salud pública, exponiendo a los consumidores a infecciones, intoxicaciones y enfermedades de transmisión alimentaria.
El hallazgo se produjo en el marco de los operativos interinstitucionales que se vienen desarrollando en cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá, una medida judicial que obliga a diferentes entidades, entre ellas la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente, a intensificar la lucha contra los vertimientos ilegales y las prácticas que deterioran las fuentes hídricas.
La sentencia también contempla que estos operativos deben hacerse de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Ambiental, para desmantelar centros de sacrificio animal y curtiembres que funcionen sin permisos ni licencias ambientales.
En esta ocasión, la intervención se enfocó en el barrio San Benito, pero también se han intensificado controles en municipios como Villapinzón y Chocontá, donde igualmente se han detectado descargas contaminantes que terminan afectando el cauce del Río Bogotá.
La problemática detectada en esta vivienda no solo se limita a un tema de salubridad local. Los vertimientos clandestinos de sangre, grasa y desechos animales llegan al Río Tunjuelito, que desemboca en el Río Bogotá, agravando su ya compleja situación ambiental.
Estos contaminantes reducen de forma significativa la calidad del agua, incrementan la proliferación de vectores como moscas y roedores, causan olores nauseabundos y ponen en riesgo la salud de miles de ciudadanos que habitan en sectores aledaños.
La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán, expresó su profunda preocupación por el hallazgo y señaló que este tipo de prácticas deben ser enfrentadas con rigor.
“Encontramos una situación alarmante: carne en estado de descomposición y prácticas ilegales que no solo ponen en riesgo la salud de la comunidad, sino que contaminan el Río Tunjuelito y, con ello, dificultan la recuperación del Río Bogotá”, indicó la mandataria local.
Tras el operativo, las autoridades procedieron a sellar la vivienda y adelantar las investigaciones correspondientes para determinar los responsables. Asimismo, se anunció que continuarán los controles en la zona, ya que el barrio San Benito es históricamente reconocido por concentrar curtiembres y actividades informales relacionadas con el procesamiento de carne y pieles.
El objetivo de las entidades distritales y ambientales es claro: cerrar definitivamente los focos de contaminación que ponen en riesgo la salud pública y asegurar que el plan de recuperación del Río Bogotá, ordenado por la justicia, avance sin más obstáculos.
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