Megaproyecto en Valledupar: ¿transformación vial o riesgo ambiental? Así se decide la Avenida del Río Guatapurí

El próximo 25 de septiembre, la Gobernación del Cesar adjudicará un proyecto fundamental para el desarrollo vial y urbano de Valledupar: la construcción de la Avenida del Río Guatapurí, una obra de más de 9 kilómetros cuyo valor supera los $155.000 millones. Esta ambiciosa iniciativa busca transformar la movilidad local, conectar estratégicamente los barrios situados junto al río Guatapurí e incorporar criterios de recuperación ambiental en su diseño. Sin embargo, el megaproyecto ha encendido el debate acerca de su verdadera sostenibilidad y el potencial impacto sobre el entorno natural e hídrico, mostrando las tensiones existentes entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental. Según reportes de El Pilón, el proceso licitatorio ha sido riguroso y transparente en sus primeras etapas, aunque no exento de controversia.

En la fase previa, tres consorcios competían por la adjudicación, pero solo dos alcanzaron a cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos: el Consorcio Avenida del Río y el Consorcio IIH Obras del Río Cesar. Ambos recibieron la misma puntuación técnica —51,5 puntos— lo que sitúa la decisión final en el terreno económico. El tercer consorcio quedó fuera de competencia por no cumplir con los parámetros habilitantes, según confirmó El Pilón. Lo anterior resalta la creciente rigurosidad de los procesos de selección, aunque no disipa completamente las preocupaciones sobre los antecedentes de algunos operadores, en particular quienes se encuentran detrás de los consorcios elegibles.

Entre los actores clave figura Eid Dante José Rafael Páez Suz, representante del Consorcio IIH Obras del Río Cesar. Páez ha participado repetidamente en procesos de contratación pública dentro del Cesar y otras regiones, liderando proyectos de alto costo y complejidad. Un ejemplo relevante es el del Consorcio Urbe Construcciones, a cargo del Anillo Vial: una obra cuyo presupuesto se multiplicó tras distintas adiciones, y cuyos sobrecostos han sido objeto de crítica y seguimiento. Otros proyectos gestionados por Páez sufrieron demoras y problemas de seguridad, lo que expone una tendencia preocupante acerca de la concentración de contratos públicos en manos de pocas firmas o personas naturales, fenómeno que la Procuraduría General de Colombia y diversos análisis académicos consideran riesgoso por sus potenciales impactos en la transparencia y competencia.

El enfoque de la Avenida del Río Guatapurí combina infraestructura moderna —doble calzada, senderos peatonales, ciclorruta y servicios asociados— con un modelo de integración ambiental, la llamada “ciudadanía del río”, que apunta a rehabilitar el espacio público y actuar responsablemente con la zona fluvial. Estudios de la Universidad Nacional de Colombia insisten en la importancia de que estos proyectos consideren la mitigación de la contaminación, la protección del paisaje y la biodiversidad, fortaleciendo así criterios de desarrollo sostenible en áreas urbanas. El reto consiste en combinar el crecimiento urbano de Valledupar, ciudad intermedia en expansión, con la protección del recurso hídrico y la planeación responsable —aspectos subrayados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Vivienda, Ciudades y Territorio en recientes informes.

Así, el horizonte sobre el que se decide la adjudicación de la Avenida del Río Guatapurí exige máxima vigilancia. Experiencias previas en grandes obras del Cesar muestran los peligros asociados a la falta de controles: presupuestos inflados, retrasos injustificados, deficiencias constructivas y, en algunos casos, pérdida de confianza social. Voces expertas, citadas tanto por la Procuraduría General como por la Fundación Gabo y la Red Global de Periodismo de Investigación, insisten en que la participación ciudadana y la auditoría independiente son elementos imprescindibles para evitar desviaciones y asegurar que el interés público prime en cada etapa. El futuro de Valledupar, su movilidad y sus ecosistemas dependerán de las decisiones tomadas en este proceso, así como de la capacidad de implementar una gestión transparente y responsable en la contratación pública.

¿Qué papel juegan las comunidades en el diseño y control de proyectos de infraestructura como la Avenida del Río Guatapurí? Las comunidades tienen un rol central en la planeación y vigilancia de obras públicas de gran impacto, como lo muestra el caso de la avenida proyectada en Valledupar. Su participación puede ayudar a adaptar los diseños a las necesidades reales del territorio, a advertir sobre riesgos ambientales y a vigilar los avances y la calidad de la ejecución. La integración de la ciudadanía en estas etapas promueve una visión más democrática y sostenible del desarrollo urbano, un aspecto esencial por las lecciones aprendidas en otros proyectos donde la falta de diálogo derivó en inconformidades o daños irreversibles. Según estudios de la Universidad Nacional de Colombia, involucrar a los habitantes en la toma de decisiones contribuye no solo al éxito técnico de la obra, sino a fortalecer el sentido de pertenencia y corresponsabilidad en el uso y cuidado del espacio público.

¿Por qué la concentración de contratos en pocas empresas o figuras puede afectar la transparencia en la contratación pública? La reiterada adjudicación de contratos a un número limitado de empresas o representantes legales, como el caso documentado de Eid Dante José Rafael Páez Suz, genera inquietudes sobre la libre competencia y la posibilidad de prácticas colusorias o acuerdos no transparentes. Expertos citados por la Procuraduría General de Colombia advierten que este fenómeno puede conducir a sobrecostos, menor pluralidad de propuestas y una supervisión más difícil del cumplimiento de los estándares. Ese contexto subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y promover licitaciones abiertas, competitivas y auditadas por organismos independientes y la propia ciudadanía, contribuyendo a prevenir la corrupción y a proteger el interés colectivo en las obras públicas.