Asonadas en Colombia: el reto de la justicia frente a comunidades que bloquean a la fuerza pública y protegen al crimen

En el oriente antioqueño, un incidente reciente puso en evidencia las dificultades que enfrenta la fuerza pública colombiana cuando una multitud impidió la captura de presuntos integrantes del Clan del Golfo y recuperó el material que había sido incautado durante una operación militar. Este episodio, reportado por El Espectador y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), no es un hecho aislado. En diversas regiones del país, las denominadas asonadas —acciones colectivas en las que la población civil interviene para obstaculizar procesos judiciales o militares— están comprometiendo la capacidad de las instituciones para combatir el crimen organizado y garantizar la justicia.

La judicialización de los civiles que participan en este tipo de hechos representa un desafío considerable. Como lo explica Jorge Mantilla, experto en temas de seguridad y conflicto armado, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) exige distinguir claramente entre civiles y combatientes. Esto dificulta identificar con precisión a los responsables en situaciones donde reina la confusión y la tensión. Las operaciones suelen desarrollarse en medio de actitudes hostiles por parte de la población local, lo cual, aunado a la limitada capacidad de inteligencia de la fuerza pública, dificulta la individualización y posterior judicialización de los protagonistas de las asonadas.

Sumado a esto, existen problemas estructurales al interior de las instituciones. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), sostiene que la desarticulación entre el Ejército, la Fiscalía y los organismos judiciales impide que los casos avancen con agilidad. La escasez de personal especializado y la ausencia de recursos obstaculizan el seguimiento de las investigaciones. Las buenas intenciones plasmadas en los diseños nacionales de política pública rara vez logran materializarse en el terreno, donde la relación entre justicia y comunidad es compleja y frágil.

Casos como el de La Macarena, en Meta, donde en septiembre una asonada frustró la captura de un presunto disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ilustran que el fenómeno tiene antecedentes recientes y responde a la presencia activa de estructuras delincuenciales y dinámicas de control social en ciertas zonas.

Frente a este panorama, especialistas consultados por El Espectador plantean la urgencia de reforzar la inteligencia, mejorar la coordinación institucional y dotar de más recursos a la justicia en áreas rurales y conflictivas. Solo mediante una cooperación real entre los distintos actores estatales y un diálogo sostenido con las comunidades se podrá mejorar la eficacia de las operaciones de seguridad, sin vulnerar los derechos humanos y garantizando la legitimidad de las instituciones.

La confluencia de debilidades institucionales, limitaciones operativas y resistencia civil ante la acción estatal sugiere que es indispensable pensar estrategias integrales. Apostar por el fortalecimiento del Estado de derecho y la relación con las comunidades afectadas es una tarea central en la búsqueda de soluciones sostenibles al fenómeno de las asonadas.

¿Qué significa exactamente una asonada? El término "asonada" hace referencia a una acción tumultuosa protagonizada por un grupo numeroso de personas, destinada a impedir o frustrar actuaciones legales o institucionales, particularmente aquellas realizadas por la fuerza pública o el aparato judicial. En el contexto colombiano, las asonadas suelen producirse en regiones donde el tejido social está profundamente afectado por la presencia de organizaciones al margen de la ley, y reflejan el malestar y la desconfianza hacia el Estado. Comprender esta categoría jurídica resulta fundamental para dimensionar la complejidad que enfrentan las autoridades y para darle un trato diferenciado en los procesos investigativos y judiciales.

Este concepto es relevante porque permite analizar la frontera entre el derecho a la protesta y el uso de la violencia o la coerción colectiva para obstaculizar la justicia. Además, el término es clave para interpretar los informes que elaboran medios y entidades como El Espectador o la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), aportando contexto sobre las dificultades en la intervención del Estado en territorios permeados por actores armados ilegales.

¿Por qué es tan difícil coordinar la respuesta institucional en zonas de conflicto? Detrás de cada caso de asonada subyace un entramado institucional debilitado por la falta de recursos humanos, logísticos y técnicos, particularmente en las áreas rurales y apartadas. La desarticulación entre el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y los operadores judiciales crea vacíos que impiden la recolección adecuada de pruebas y la identificación de los responsables. Como lo señalan expertos y fuentes citadas por El Espectador y Pares, muchas veces los funcionarios en terreno no cuentan con el respaldo suficiente para seguir avanzando en las investigaciones o proteger su propia integridad.

La relevancia de esta pregunta se relaciona con la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de seguridad, lo que es indispensable para el fortalecimiento de la legitimidad estatal y el restablecimiento del orden público. Cuando el diseño nacional no se traduce en resultados efectivos en las regiones, aumentan las probabilidades de que se repitan actos de resistencia colectiva, perpetuando la inseguridad y la impunidad en los territorios afectados.