Así es el panorama luego de 2 meses del terremoto: atención a más de 147.000 familias damnificadas

En el corto plazo, el reto es estabilizar vivienda temporal, salud mental y educación para la población afectada en las diferentes zonas del país.

Un día después del terremoto en Panamá se cumplen dos meses del vivido con magnitud 7,4 del 10 de agosto en Colombia, donde se continúa atendiendo a cientos de miles de damnificados, a la espera de los pasos que ha ido tomando el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 320 personas fallecidas y miles de heridos, además de afectaciones en muchas otras zonas.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la tragedia afectó a 262.154 personas en 471 municipios. El reporte oficial registra 147.464 familias damnificadas en 15 departamentos del occidente y centro del país.

Valle del Cauca, Risaralda y Chocó concentran los mayores daños en viviendas, colegios, vías y comercio local. En Pereira, el sismo dejó 109 personas fallecidas y 24.000 viviendas evacuadas por problemas estructurales graves.

El alcalde Mauricio Salazar estimó que recuperar esa ciudad costaría cerca de 10 billones de pesos colombianos, mientras que Dosquebradas, ciudad vecina, transita en medio de las dudas.

En Cali, los equipos de rescate ya cerraron la fase de búsqueda y comenzaron la demolición de edificios colapsados. El gobierno aplicó allí un método de “construcción a la inversa”, retirando escombros piso por piso desde arriba.

El presidente Abelardo de la Espriella estimó el costo total de reconstrucción en 30 billones de pesos. Esa cifra equivale aproximadamente a 9.500 millones de dólares, según cálculos difundidos por el Gobierno nacional.

Para financiar la recuperación, el Ejecutivo creó el Fondo Milagro, mediante el Decreto 1379 de 2026. Este patrimonio autónomo unifica recursos del presupuesto nacional, donaciones, créditos internacionales y regalías departamentales.

El empresario Jaime Uribe fue designado gerente de ese fondo, encargado de coordinar la ejecución de obras. El Gobierno activó el Fondo Milagro con un billón de pesos iniciales para arrancar las primeras obras.

Para noviembre, prevé contratar 2,7 billones de pesos adicionales, ampliando la financiación disponible para reconstrucción.

Sin embargo, el Ministerio de Vivienda advirtió que los recursos actuales podrían resultar insuficientes para cubrir todas las necesidades. Por eso, el Gobierno solicitó al Congreso cuatro billones de pesos adicionales para completar el plan nacional.

El viceministro Jaime Andrés Beltrán explicó que la atención se divide en tres fases consecutivas.

• La primera, liderada por la UNGRD, se centró en la respuesta inmediata y el diagnóstico de daños.
• La segunda fase avanza actualmente hacia soluciones temporales de vivienda y subsidios de arriendo para familias afectadas.
• La tercera etapa, de reconstrucción definitiva, tendría una duración estimada de dos años completos.

Congresistas de distintas bancadas alertaron sobre retrasos y falta de claridad en la ejecución de los recursos, mientras que la Contraloría anunció su plan para vigilar los recursos para la emergencia del terremoto.

El excodirector del Forec, Luis Carlos Villegas, recomendó aprender del proceso tras el terremoto del Eje Cafetero de 1999. Según el experto, aquella experiencia mostró que la reconstrucción material requiere también reconstrucción institucional y social sostenida.

Un informe de la Universidad Javeriana de Cali advirtió que los decretos de emergencia resultan insuficientes sin diálogo social. El documento señaló riesgos de tensión entre comunidades étnicas y proyectos extractivos durante la fase de reconstrucción.

En el corto plazo, el reto es estabilizar vivienda temporal, salud mental y educación para la población afectada. Más de 400.000 estudiantes vieron afectada su matrícula, y 220 colegios reciben clases actualmente en carpas.

En el mediano plazo, el Gobierno proyecta reconstruir 404 centros de salud financiados con excedentes del FONPET territorial. También se espera avanzar en la reparación de 237.000 viviendas destruidas o dañadas por el movimiento telúrico.

En el largo plazo, el país deberá reconstruir infraestructura vial, acueductos y aeropuertos afectados en varias regiones. El sector asegurador ya calcula reclamaciones por 6,3 billones de pesos, concentradas en Valle del Cauca y Risaralda.

Analistas estiman que la pérdida económica total equivaldría a 1,6 % del Producto Interno Bruto colombiano. Ese impacto plantea, a largo plazo, un escenario fiscal exigente para el Gobierno y las entidades territoriales.

Dos meses después, Colombia transita entre la emergencia inmediata y una reconstrucción que apenas comienza a consolidarse.