Obras en carreteras pendientes de Gobierno Petro encienden alarmas: ojo a zonas de Colombia afectadas

La actual administración adelanta gestiones técnicas para corregir los desajustes heredados en materia de infraestructura vial y conectividad.

En medio de accidentes en carreteras de Colombia, una grave advertencia fiscal sacudió los pasillos del Congreso colombiano luego de revelarse el balance financiero en proyectos viales clave luego de la falta de desembolsos oportunos durante la administración de Gustavo Petro.

La Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes conoció informes oficiales que detallan cómo el déficit presupuestal paralizó obras determinantes, provocando un inminente riesgo de pleitos judiciales por parte de firmas contratistas, reveló Semana.

El congresista Víctor Manuel Salcedo, integrante de la bancada del Partido de la U, denunció públicamente la gravedad del asunto al manifestar: “Incumplieron en su mayoría los compromisos, por lo que se avecinaría una cascada de multas por contratos firmados que no se pagaron. Las obras se podrían convertir en elefantes blancos”.

El legislador agregó que las reclamaciones formales contra la Nación ya superarían los 100 billones de pesos como consecuencia de estas recurrentes demoras operativas.

Salcedo enfatizó que el traumatismo afecta corredores estratégicos para la competitividad regional, citando de manera puntual la parálisis en la doble calzada entre Buga y Buenaventura.

Igualmente, el parlamentario denunció el abandono de las adecuaciones requeridas en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca.

El desplome presupuestal perjudicó además la operación de la Aerocivil y estancó la inversión destinada al transporte fluvial y marítimo durante dicho periodo anual.

Por su parte, la vicepresidenta de la célula congresional, Eimy Julieth Suárez, perteneciente a Cambio Radical, reveló que siete entidades sectoriales omitieron fenecer cuentas ante la Contraloría General de la República.

La congresista expuso que la cartera ministerial arrastra un patrimonio negativo de 1,8 billones de pesos, enfrentando litigios “que superan todos los activos de la entidad” por 11.000 millones de pesos.

“En solo 20 procesos judiciales de la entidad hay casi 1,6 billones de pesos a los que no se les está haciendo seguimiento de probabilidad de pérdida de recursos”, remarcó Suárez.

Al revisar proyectos puntuales, la legisladora indicó que el tramo Pamplona – Cúcuta, en Norte de Santander, mantenía 312,6 mil millones comprometidos al 100 % pero únicamente desembolsó el 25,2.

De igual forma, Suárez cuestionó que Invías comprometió el 99,2 % de sus obligaciones en 2025 y obligó solo el 55 %, dejando 1,56 billones de pesos en reservas de inversión.

Esta cifra representa un exceso de tres veces sobre el límite legal permitido, complicando el flujo de recursos para las constructoras en territorio nacional.

Ante semejante diagnóstico, el Gobierno de Abelardo De La Espriella adelanta gestiones técnicas para corregir los desajustes heredados en materia de infraestructura vial y conectividad.

El viceministro de Transporte, Miguel Eduardo Vergara, reconoció abiertamente que las métricas “son preocupantes”, aunque expresó su compromiso institucional de avanzar con prontitud.

El alto funcionario precisó que de los 7,9 billones que estaban pendientes ya se han cancelado 5,9, restando todavía 1,9 billones pendientes por tramitar.

“Es un tema de coordinación y trabajo en equipo. No es pagar por pagar, es porque el contratista está cumpliendo con sus obligaciones”, aseguró Vergara, al defender la prudencia en las autorizaciones bancarias.

Las cifras radicadas ante el Capitolio confirman que el sector transporte ejecutó únicamente el 48,43 % de sus obligaciones en 2025 frente al 87,8 % del promedio nacional.

El nudo administrativo se originó en las restricciones operativas impuestas por el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) a lo largo del calendario fiscal.

La ANI reportó que 5,8 billones de 7,9 billones en reservas presupuestales obedecieron directamente a la carencia de giros del PAC, lo que representa el 73,4 %.

Asimismo, la entidad registró una ejecución por obligaciones del 21,3 %, mientras Invías reportó una cifra consolidada del 53,1 % en similar lapso.

Adicionalmente, de 66 peticiones de modificación tramitadas ante el PAC en 2025, solo una recibió aprobación, tres resultaron anuladas y 62 continuaban “registradas”.

Esta congestión contable provocó moras financieras, reconociéndose pagos de 469 millones en las concesiones Cartagena–Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad por intereses acumulados.

Asimismo, los informes descubren pasivos con corporaciones autónomas y trámites ambientales desatendidos en sectores vulnerables del corredor Bogotá–Villavicencio.

La ANI comprobó que las aprobaciones de caja resultaron insuficientes, registrando giros por 0 pesos en febrero, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

En contraste, durante enero de 2025 el Gobierno autorizó apenas 5.000 millones de pesos de los más de 1.600 millones de pesos requeridos inicialmente.

El traslado de estos compromisos sin pago hacia reservas del año 2026 sobrecarga la planeación fiscal presente, afectando 124 proyectos de inversión pública.

De estos contratos rezagados con ejecución inferior al 63,6 por ciento, 71 corresponden al Invías y 26 pertenecen a la ANI en todo el país.