Abelardo de la Espriella le puso sello a partida de defunción de la “paz total” de Petro

Los anuncios del mandatario han estado acompañados por múltiples acciones aplazadas debido a la atención de la catástrofe causada por el terremoto.

En un tiempo récord, el presidente Abelardo de la Espriella empezó a materializar sus promesas de campaña relativas a la seguridad y la paz en el país. En 20 días, y de no haber sido por la atención que tuvo que prestarle a la atención del terremoto, le ha dado un giro de 180 grados al tema. Si los informes de diferentes organismos especializados sobre la grave situación de orden público en el país pusieron el último clavo en el ataúd de la “paz total” de Gustavo Petro al demostrar que fracasó, este miércoles el recién posesionado mandatario le imprimió el sello a la partida de defunción de esa política.

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Lo anunció de manera formal diciendo en el Palacio de San Carlos que “la llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”. Por eso, el mandatario informó que su Gobierno “empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado. Los procesos de diálogo no pueden convertirse en refugios frente a la justicia”.

Golpe directo a las figuras de gestores de paz

“Colombia necesita una paz verdadera, sustentada en hechos, justicia y resultados, no una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad”, agregó el jefe de Estado. Pero mientras eso ocurría en la sede del Gobierno Nacional, una serie de hechos hablaban por sí mismos de la manera como se comenzaba a enterrar la “paz total” de Petro. Para De la Espriella, la palabra paz no “puede utilizarse como salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales”, y actuó en consecuencia.

Este mismo miércoles firmó la extradición de Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, negociador de los Comandos de Frontera con el anterior gobierno. Ese grupo tiene más de 1.000 hombres en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, al sur del país. En su momento, fue una de las caras visibles de las negociaciones que se adelantaron en medio de la “paz total”. Fue capturado en 2025 en el Hotel Marriot por tener circular roja de Interpol. El ex alto comisionado de paz Otty Patiño intentó no que fuera detenido.

Pero alias ‘Araña’ no fue el único que entró en lista de extradición. También está Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, jefe del Frente 33 de las disidencias de las Farc a quien en mayo de 2025 la Corte Suprema de Justicia también le había avalado su extradición a Estados Unidos. Pero en julio del año pasado Petro frenó ese procedimiento argumentando que ese delincuente haría aportes a su “paz total”.

Además, Gabriel Yepes Mejía, alias ‘H. H.’, jefe de las disidencias de los Comuneros del Sur, cuya extradición también había sido frenada por Petro en mayo de 2025; y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, máximo cabecilla de la banda criminal ‘Los Pachenca’, señalado de cometer homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de armas, cobro de extorsiones y promoción de microtráfico de estupefacientes en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Bolívar, pese a lo cual fue beneficiado por la “paz total”.

Contra privilegios y la comisión de delitos en cárceles

De manera concomitante, el nuevo Gobierno acababa de hacer el anuncio de implementar la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), que no es otra cosa que usar busques de la Armada Nacional para que funcionen como cárceles. Allí serán llevados presos de todo el país que siguen delinquiendo desde las prisiones donde están recluidos. El objetivo es aislar de toda comunicación y contacto a quienes están detrás de grandes redes de extorsión, pero también a los jefes de grupos criminales que siguen al frente de cadenas de narcotráfico y minería ilegal.

Para eso, las naves estarían fondeadas en zonas alejadas de las comunicaciones terrestres, que podrían ser en inmediaciones de Cartagena y Buenaventura. “Los vamos a trasladar a un lugar donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan cometiendo fechorías”, había dicho De la Espriella de manera gráfica, para explicar que busca imposibilitar a toda costa que los delincuentes tengan comunicación con el exterior.

Prácticamente de manera simultánea, el Gobierno ordenó el traslado, a establecimientos penitenciarios de Bogotá, de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla, como parte de las medidas adoptadas para impedir que desde los centros de reclusión se continúen coordinando actividades criminales.

“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, anunció De la Espriella. “La orden es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”.

Acciones militares de EE. UU. cerca de Colombia

Mientras todo eso ocurría, llegaba al país el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para reunirse con la nueva cúpula militar y discutir los esfuerzos conjuntos que apunten a combatir el narcoterrorismo y fortalecer la alianza de seguridad entre los dos países. La visita del alto oficial ocurre poco después de que Colombia ingresara formalmente a la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), una iniciativa conocida también como Escudo de las Américas.

Este mismo miércoles, y durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar, en la Escuela Militar de Cadetes, el presidente ratificó que “la seguridad volverá a todo el territorio nacional […]. En el régimen anterior, mis compatriotas sintieron en carne propia el retroceso del Estado mientras organizaciones terroristas avanzaron desvergonzadamente gracias a la complicidad de ese régimen”, dijo de la Espriella. “Esta será la Patria Milagro de la seguridad y el orden. Colombia volverá a tener un Estado presente. La farsa de la paz total terminó para siempre”.

También se supo en las últimas horas que Ecuador anunció que adelantará operaciones antidrogas conjuntas con Colombia y Estados Unidos en la frontera que comparte con Colombia, donde delinquen varios grupos armados. Ese nuevo dinamismo en la región contrasta con la percepción que tenía el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa del expresidente Petro, a quien señalaba de no combatir efectivamente el crimen organizado en la zona limítrofe.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, anunció en declaraciones a la emisora local Radio Sucesos que los gobiernos de Noboa y de De la Espriella desplegarán unidades militares en la frontera para ejecutar “operaciones de vigilancia” y también actuarán “en conjunto […] contra los grupos armados irregulares que operan en ese sector. Estados Unidos también viene a formar parte de las estrategias que vamos a hacer, de operaciones en la zona fronteriza con Colombia”.

“Teníamos una pasividad del lado del gobierno colombiano. Ahora es la oportunidad dorada, en la que tenemos dos gobiernos (de De la Espriella y de Noboa) decididos a enfrentar a estos grupos [ilegales] y tenemos el apoyo de Estados Unidos”, remarcó Loffredo. Sus declaraciones y las decisiones de De la Espriella tienen como marco el anuncio del Comando Sur de que está “cambiando las reglas del juego”, y que “ya sea por aire, tierra o mar, las fuerzas estadounidenses llevan la lucha al enemigo”. De la “paz total” de Petro ya no queda nada.