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Ese es uno de los importantes hallazgos de la primera Encuesta de Calidad de Vida e Integración de esa población, hecha por el proyecto Migración Venezuela.
La Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Venezolanos en Colombia, cuyos resultados fueron difundidos este martes, es un paso importante en el propósito de caracterizar a esos migrantes, pero también revela las difíciles circunstancias en que viven en Colombia.
El sondeo encontró que el 52 % de los venezolanos están en pobreza multidimensional, el 98 % dependen de empleos informales, el 85 % no tiene aseguramiento en salud, el 51 % tiene rezago escolar y el 48,8 % vive en hacinamiento crítico.
Esos datos permiten inferir en primera instancia que los venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Mauro hacia Colombia están en iguales condiciones o peores que la que tenían en su país.
Sin embargo, pese a aso, la encuesta también estableció que el 77,5 % de los migrantes venezolanos no planea retornar a Venezuela.
Al respecto, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, destacó en entrevista con Adriana Sabogal, directora del proyecto Migración Venezuela, que los mayores obstáculos para caracterizar a los venezolanos en Colombia son su alta movilidad y no haber conseguido todavía un marco conceptual o de preguntas para que tenga representatividad en las respuestas y una aplicación en la política pública.
Para el funcionario, la encuesta “es una herramienta fundamental porque permite validar supuestos, revelar situaciones desconocidas y permite ser más precisos en el actuar del Estado”.
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De acuerdo con otros datos que ofreció Espinosa, la migración venezolana es 70 % apta para el trabajo. “Si la logramos caracterizar en debida forma, la podremos potencializar. Así se construyen las grandes naciones”, aseguró.
También puso en evidencia otra situación preocupante: hay más de 400.00 venezolanos estudiando en Colombia, pero no se pueden graduar porque no tienen identificación.
Por esa razón, reiteró la necesidad de que esa población regularice su permanencia en el país, pero no solo para efectos de educación, sino también para efectos de la vacunación contra el COVID-19.
“La gran oportunidad se da con el Estatuto Temporal de Protección, que es responsabilidad colectiva, en donde todos podemos actuar y sumar, para apoyar y proteger personas y ayudar a una gente buena que busca salir adelante”, subrayó Espinosa.
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