Trump despide a Susan Monarez, directora de la principal agencia sanitaria de Estados Unidos

Menos de un mes después de su nombramiento, Susan Monarez abandona los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Una salida precipitada, anunciada sin explicación alguna. Según el Washington Post, la directora se habría negado a apoyar las reformas impulsadas por Robert Kennedy Jr., secretario de Salud conocido por sus posiciones antivacunas.

El caso estalló el miércoles 27 de agosto, cuando el Ministerio de Salud estadounidense anunció la salida de Susan Monarez, nombrada hacía menos de un mes. Esta refutó inmediatamente esta versión y acusó a Robert Kennedy Jr., ministro de Salud, de querer imponer una política “que pone en peligro la vida de millones de estadounidenses”.

Versiones contradictorias

La Casa Blanca zanjó la cuestión confirmando el despido. “Susan Monarez no está de acuerdo con el programa del presidente”, justificó el portavoz Kush Desai, precisando que ella “se había negado a dimitir a pesar de haber informado al Ministerio de su intención de hacerlo”.

Los abogados de Susan Monarez rebaten esta versión, afirmando que “no ha dimitido ni ha recibido ninguna notificación oficial”. Denuncian los intentos de Robert Kennedy Jr. de “instrumentalizar la salud pública con fines políticos” después de que su clienta “se negara a validar directrices no científicas y peligrosas”.

Contexto de tensiones extremas

A raíz de ello, Demetre Daskalakis, alto funcionario de los CDC, dimitió denunciando en X las presiones para “generar políticas que no reflejan la realidad científica”. Según la prensa estadounidense, otros responsables habrían seguido sus pasos.

Desde su llegada, Robert Kennedy Jr. ha multiplicado las medidas polémicas: despidos de expertos reconocidos, restricciones al acceso a las vacunas contra la COVID-19, recortes presupuestarios en la investigación de vacunas. Así, a principios de agosto, Robert Kennedy Jr. anunció el fin de 22 inversiones para el desarrollo de vacunas de ARN mensajero, por un importe total de “unos 500 millones de dólares”. Esta financiación se destinaba al desarrollo de tratamientos contra la gripe aviar o la gripe porcina y se había asignado o estaba en proceso de asignarse a varias grandes empresas de la industria farmacéutica, como Moderna, Pfizer y Sanofi.

Estas decisiones, tomadas en contra del consenso científico, han suscitado fuertes críticas.

A principios de agosto, la agencia sufrió un ataque armado por parte de un hombre que se oponía firmemente a la vacuna contra la COVID-19. Cientos de empleados de las agencias sanitarias firmaron una carta abierta en la que acusaban al ministro de Salud de ponerlos en peligro al difundir información falsa, en particular sobre las vacunas.