Sospechas de financiación libia: Nicolas Sarkozy a la hora del juicio

El tribunal correccional de París debe pronunciar el jueves su decisión en el caso de las sospechas de financiación libia de la campaña presidencial de 2007 de Nicolas Sarkozy. Acusado de haber sellado un “pacto de corrupción” con Muamar el Gadafi, el expresidente se enfrenta a una dura condena, después de que la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) solicitara en marzo siete años de prisión.

Un momento decisivo para Nicolas Sarkozy. El tribunal correccional de París debe resolver este jueves 25 de septiembre el caso de las sospechas de financiación de su exitosa campaña presidencial de 2007 por parte de Muamar el Gadafi, con la amenaza para el expresidente de una condena de prisión severa.

La muerte en el Líbano, el martes, de uno de los acusados y protagonista clave del expediente, Ziad Takieddine, no modificó el calendario, y la lectura del fallo debería celebrarse como estaba previsto a partir de las 10:00 y durar varias horas.

Contra el expresidente, que estará presente en el tribunal, los representantes de la Fiscalía Nacional Financiera reclamaron a finales de marzo, al término de tres meses de juicio, siete años de prisión, acusándolo de haber sellado un “pacto de corrupción faustiano con uno de los dictadores más impresentables de los últimos 30 años”.

Requisiciones severas

Esta pena es la más dura solicitada contra los 12 acusados.

Para los fiscales, Nicolas Sarkozy, de 70 años, juzgado por corrupción pasiva, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña y asociación de malhechores, habría sido tanto “autor intelectual” como beneficiario de dicha financiación.

El sexto presidente de la V República Francesa (2007-2012) denunció enseguida “el exceso de la pena reclamada”, que según él solo busca “ocultar la debilidad de las pruebas alegadas”.

Junto a él también fueron juzgados allegados como Brice Hortefeux, exministro y amigo, y Claude Guéant, director de campaña en 2007 antes de convertirse en secretario general del Elíseo, además de varios empresarios.

Según la acusación, a cambio del dinero Nicolas Sarkozy habría favorecido el regreso de Libia a la escena internacional y se habría comprometido a absolver al cuñado de Gadafi, Abdallah Senoussi, condenado a cadena perpetua por su papel en el atentado del DC-10 de UTA, que costó la vida a 170 personas en 1989.

En caso de condena, un recurso de apelación sería probable, ya que Sarkozy no ha dejado de proclamar su inocencia desde 2011. Este recurso retrasaría varios meses la amenaza de prisión.

No obstante, una condena definitiva superior a dos años de prisión firme no podría ser sustituida por el uso de una pulsera electrónica, por ejemplo. Sin embargo, un condenado mayor de 70 años puede solicitar libertad condicional.

Durante más de una década, Nicolas Sarkozy, contra quien la fiscalía también requirió 300.000 euros de multa y cinco años de inelegibilidad, ha gritado “infamia” y ha respondido a los periodistas que deberían sentir “vergüenza” por evocar el caso. Durante los tres meses de juicio, el vocabulario pudo variar, pero no su proclamación de inocencia.

“Ninguna prueba”

No hay “ninguna prueba”, “nada”, “ni un céntimo libio”, “ni siquiera el inicio de un comienzo de financiación”, insistió un Sarkozy cansado de “justificarse sobre pruebas que no existen”.

Inicialmente planteadas por dignatarios del antiguo régimen, las acusaciones no serían, según él, más que el fruto de un complot urdido por el clan Gadafi para vengarse de su papel decisivo en la caída del dictador en 2011.

Para sus abogados, los investigadores no encontraron rastro de dinero libio en los fondos de campaña ni enriquecimiento personal ni intervención de Nicolas Sarkozy.

Ya condenado definitivamente a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en el caso conocido como “las escuchas” o “Bismuth”, Sarkozy tuvo que portar entre enero y mayo un brazalete electrónico en el tobillo – una sanción inédita para un exjefe de Estado. Ha presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Por otra parte, la Corte de Casación examinará el 8 de octubre su recurso en el caso “Bygmalion”, relativo a la financiación de su campaña presidencial de 2012 y por el cual fue condenado en apelación a un año de prisión, de los cuales seis meses firmes.

Este artículo es una adaptación de su original en francés