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El empresario colombiano fue arrestado el 12 de junio de 2020 en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal, ubicada en Cabo Verde.
La detención de Álex Saab se llevó a cabo a través de la Interpol en respuesta a una petición de Estados Unidos, que lo acusa de varios delitos como blanquear dinero, y reclama su extradición.
Un año después de su captura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) pidió a Cabo Verde que “se abstenga de extraditar” al empresario, “mientras su caso sea examinado” por el organismo.
El barranquillero, de 49 años, interpuso la denuncia ante el CDHNU por “tortura y malos tratos” en el momento de su arresto. Asimismo, señaló que está en “condiciones inhumanas y degradantes debido a la falta de cuidados médicos”.
“Esperamos que Cabo Verde tome nota, cumpla el mandato del Comité y que la Corte Constitucional (caboverdiana) decida la improcedencia de la extradición a Estados Unidos”, afirmó el exjuez español Baltasar Garzón, coordinador del equipo legal internacional de Saab.
En marzo pasado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), bloque al que pertenece Cabo Verde, falló también en contra de la extradición del empresario, pronunciándose a favor de su libertad inmediata.
El Gobierno caboverdiano, por su parte, aprobó en 2020 la extradición del barranquillero y, desde entonces, mantiene que el caso debe seguir sus trámites legales en este país, estando la Procuraduría General a la espera de la decisión definitiva de la Justicia.
(Vea también: “¡Miserables!”: Nicolás Maduro, a EE. UU., por excluir a Venezuela de donación de vacunas)
El nombre del empresario apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro. Saab tiene relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de corrupción.
Luego de su detención, el régimen de Maduro indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se hallaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela“.
“Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el Gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante EE. UU”, declaró el colombiano en una entrevista hecha a comienzos de marzo desde su cautiverio en Sal.
Washington también presentó cargos contra Álex Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, por supuestamente blanquear cerca de 350 millones de dólares, defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
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